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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este viernes para condenar las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerando que "constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo" anulando "de facto" el voto popular a través del cual fueron electos los diputados de la Asamblea Nacional (AN).
A través de un comunicado, la CIDH se unió a la voz de distintas organizaciones y países de la región que se han pronunciado en contra de las decisiones emitidas el 28 y 29 de marzo por la Sala Constitucional del TSJ, donde se levantan las inmunidades parlamentarias a los diputados de la AN, aseverando que sus actos "constituyen traición a la patria" y otorgando al Ejecutivo "amplísimos poderes discresionales, y por otra parte arrogándose las competencias del Poder Legislativo".
"La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático", expresa el documento.
En este sentido condena "el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria- como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional".
Reiteró la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados "el derecho a la participación política y a la libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público, plural, amplio y robusto".
Ante esto la Comisión exhortó al Gobierno venezolano a respetar la separación de poderes así como el principio de representación popular y las competencias que la Constitución confiere a cada órgano" como garantía de un régimen democrático y de un Estado de Derecho, también urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación de la vida política en el país de todos los sectores.
Se puso a disposición para colaborar con el Estado venezolano en el marco de su mandato con el fin que se respete el orden constitucional y democrático en el país.
2017-03-31