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El futuro de Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y su esposo el diputado de la AN, Germán Ferrer, es todavía incierto en el suelo colombiano, debido a que aún no se confirma cuál será su estatus de inmigrante, tras haberse declarado como una "perseguida política".
El ministro de Interior colombiano, Guillemo Rivera, confirmó ayer que Ortega ingresó el pasado viernes al país, pero declinó precisar su “situación jurídica” al indicar que este asunto está en manos de la Cancillería.
“La oficina de Migración Colombia nos ha confirmado que ella ingresó al país, pero ya sobre su situación jurídica será la señora canciller de la República de Colombia (María Ángela Holguín) quien exprese la voz oficial del Gobierno Nacional”, dijo Rivera a periodistas en el municipio de La Tebaida (centro).
Rivera aseguró que no tienen confirmación sobre el estatus Ortega, ni de las personas que la acompañaron en su huida del país. “Lo único que podemos confirmar, a partir de los registros de Migración Colombia, es que efectivamente ingresó ayer al país”, insistió el funcionario.
Ortega junto a Ferrer y otros dos ciudadanos venezolanos su jefa de despacho, Gioconda González Sánchez y Arturo Vilar Estevez, arribaron al aeropuerto El Dorado procedentes de Aruba. Se conoció que todos llegaron al país caribeño desde la península de Paraguaná, Falcón, de donde salieron en una lancha hasta la isla.
Todo legal. A dos días de que fuera allanada su residencia en Venezuela, Ortega Díaz logró conciliar los papeles correspondientes para emigrar a Colombia. El ministro de Interior en la nación hermana, Guillemo Rivera, declaró que ella hizo “su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas”.
La fiscal Ortega ese viernes participó vía telefónica en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, donde atribuyó la "persecución sistemática" del Gobierno de Nicolás Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público al proceso por los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
Por otro lado, La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, denunció que Díaz, desde el Ministerio Público (MP), atentó contra el orden constitucional, al permitir la impunidad sobre los delitos de violencia política ocurrida en el país en los últimos meses, que promovieron sectores extremistas de la oposición.
Señaló que las acciones de Ortega Díaz responden a los intereses de “ejes imperiales, promovidos por el gobierno de los Estados Unidos”, que atentan contra al estabilidad y la soberanía de la Patria, por lo que la calificó como “agente imperial”.
“Quiero que desde acá (refiriéndose a la ANC) se señale a esa exfuncionaria como una agente imperial, que procuró la intervención de Venezuela y la desestabilización de la República. (Sus acciones) significó para Venezuela un atentado contra el Estado venezolano. Un agente imperial que persigue los objetivos imperiales, que es la intervención de Venezuela. La historia la va a juzgar pero la justicia también ”, enfatizó.
Ni una palabra. Ortega, después de la declaraciones que dio en la cumbre mexicana, no ha dicho ni una palabra en cuanto su huida de Venezuela. Ni por su cuenta oficial en Twitter, cuya última actualización fue la tarde del viernes, donde exhortó a sus seguidores a que escuche su declaración en contra el Gobierno Nacional.
Por su parte, el diputado Ferrer, esposo de la fiscal, no ha emitido comunicados sobre su persecución política, ni sobre la violación de su inmunidad parlamentaria descrita en la Constitución del país.
Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica.
2017-08-19