Andreína Domínguez | [email protected]
Según el Alto Gobierno, los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) -recientemente activados-, están orientados a elevar la producción nacional y garantizar a la población el acceso a bienes, alimentos y medicinas.
Sin embargo, voceros del gremio empresarial cuestionan lo antes dicho. A su parecer, estos “comités” afectarán aún más a las compañías que hoy por hoy luchan para subsistir ante la severa crisis que atraviesa el país.
Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, asegura que los CPT son una variación de la misma violación de los derechos de propiedad que ha afectado a las empresas en los últimos 20 años, en el marco de las medidas económicas oficiales.
El empresario rechaza la aplicación de este instrumento, ya que es el culpable de las ruinas de las empresas básicas del Estado. “No entendemos por qué quieren generalizar un modelo que en manos del Socialismo del siglo XXI lo que ha generado es el colapso de las empresas públicas”, reprochó.
Menos inversión. Ante la creación de los CPT, encargados de supervisar la gestión de las compañías (públicas y privadas) y monitorear su distribución, Maldonado estima que habrá menos inversión en Venezuela, pues generará más temor al empresariado, “ninguna organización decente se va a prestar para eso, porque es como abrirle la puerta de tu casa a un desconocido que te manda el Gobierno bajo la orden de que conviva contigo, ¿a cuenta de qué?”, fustigó.
Hostilidad. Estos Consejos Productivos de Trabajadores además de estar representados por tres trabajadores de cada compañía, estarán integrados por un representante de la Juventud, un vocero de la Unión Nacional de Mujeres, así como un representante de la Milicia Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). A esto se le denomina “intervencionismo”, así lo dijo el representante de los comerciantes de la capital, quien expresó que estas medidas no son más que una expresión de la violación de la libre empresa.
“La empresa privada debería en el marco de la Ley tener la posibilidad de organizarse de acuerdo a sus propios fines productivos, sin interferencias del Gobierno”, alegó.
Intervencionismo. Una de las dudas que surgen ante las funciones delegadas a los CPT es si estos podrían tener la potestad de intervenir la gestión empresarial, y en efecto, tomar el control de las empresas con el respaldo del Estado y la Fanb, en otras palabras, que sea un previo a la expropiación y militarización.
Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras, y expresidente de Conindustria, señaló que si el Gobierno se va por ese camino, sería lamentable, ya que las causas fundamentales de la crisis actual de desabastecimiento comenzaron en el proceso de expropiaciones y tomas de empresas que se sostuvieron en el 2007.
“En ese periodo se tomaron más de 150 establecimientos empresariales y más de 5 millones 200 mil hectáreas de empresas y establecimientos que están hoy totalmente improductivos, hasta el punto que el mismo Presidente de la República reconoció que había que reestructurar todas las empresas del Estado porque estaban todas paralizadas”, indicó.
El jefe de Fedecámaras tildó el modelo “de intervención centralista”, ya que a su juicio lo que va a hacer es interferir en la toma de decisiones y “afectar la productividad (ya dañada) de las empresas”.
Asimismo, manifestó que el problema económico de la actualidad, se debe a la práctica del modelo equivocado de persecución de ataque a la libre iniciativa privada, que lamentablemente se sigue aplicando en el país.
Según la ley. En materia legal, Jair De Freitas, abogado laboral, aclaró que la normativa en principio, es de rango sublegal y que no define específicamente cuál es el alcance y el ámbito de aplicación.
“Pareciera que en principio fuese algo que tuviese que ocurrir en todas las empresas tanto del sector público como privado, pero de repente cuando comienzas a revisar, te das cuenta que está asociado al tema de abastecimiento, si es así, da a entender que está restringido al sistema productivo que tiene que ver con alimentación, luego lees que más adelante habla de alimentación y salud”, expresó.
En este sentido, señaló que ciertamente se pueden establecer normativas para regular la participación de los trabajadores en las empresas, pero, cuestiona que “debió haberse hecho a través de una Ley especial que estuviera en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo”.
Poder Legislativo. Para el experto en asuntos laborales, en teoría, a quien le corresponde hacer una Ley Especial es al Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional. “La AN tuvo que haber hecho un cuerpo de norma en este tema, y eso hasta ahora no ha sido así”, sostuvo.
De Freitas recordó que esa Ley iba a hacerse y era del Consejo de Trabajadores, la misma permitía una participación directa de los empleados; “eso no existe hoy, lo que tiene es una especie de Consejos Productivos de Trabajadores que está asociado al tema de alimentos y al sector de salud y que tiene un componente que es ajeno a esa entidad de trabajo pero que aparentemente contiene algún tipo de rango de actuación que tampoco queda, en lo absoluto, delimitado en la norma”, agregó.
2016-11-11