2001.com.ve | AP
Este viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), dio a conocer la condena que le envío al estado de Guatemala , por el caso de los hermanos Tobar Ramírez quienes fueron separador al ser dados en adopción de una manera irregular.
Osmin Ricardo Tobar Ramírez y su hermano, identificado en la sentencia con las siglas J.R, fueron alejados de su familia mediante una declaración de abandono que, según el organismo con sede en la capital de Costa Rica, fue violatoria del debido proceso.
Los niños de siete y dos años en aquel momento fueron entregados a dos familias estadounidenses distintas y fue gracias al esfuerzo de su familia biológica que lograron reunirse en 2011. Según la sentencia de la Corte IDH, estas adopciones se dieron “en el marco de un contexto en el cual la debilidad institucional y la flexibilidad normativa facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas al negocio de las adopciones irregulares”.
La Corte IDH encontró al Estado de Guatemala como responsable por la violación de varios derechos a Osmín Tobar y sus familiares, como la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar, derecho a la protección judicial, derecho a garantía judicial de plazo razonable, derecho a la libertad personal, a la identificación personal y es también responsable por la falta de investigación de las irregularidades cometidas en este caso.
La sentencia obliga a Guatemala a restituir el vínculo de los Tobar Ramírez con sus familiares en su país, a realizar las investigaciones necesarias por las irregularidades y a que el Estado adopte “las medidas necesarias para crear e implementar un programa nacional efectivo para garantizar una adecuada supervisión, fiscalización y control de la institucionalización de niñas y niños”.
También se obliga a Guatemala a pagar una suma por daño material e inmaterial de 105.000 dólares a Osmín Tobar, a su madre Flor de María Ramírez Escobar y a su padre, Gustavo Tobar Fajardo.
En la sentencia se atribuye ésta y otras entregas de niños a la privatización del procedimiento de adopciones, es decir, que las dejaban en manos de notarios y provocó que “se consolidaran redes de delincuencia organizada trasnacional dedicadas a la tramitación de adopciones irregulares, con intervención de múltiples actores que aprovecharon la falta de control oficial”.
El documento señala que en la red de adopciones no sólo intervenían notarios, sino también agencias de adopción y representantes de casas cuna. “La adopción de un bebé guatemalteco podía costar entre doce mil y ochenta mil dólares estadounidenses por niña o niño”, apuntó la Corte.
El informe señala que esta situación fue incrementando exponencialmente la cantidad de adopciones, que pasaron de 2.000 en el periodo 1990 a 1995, a más de 25.000 entre los años 2002 y 2007, según los registros de la Procuraduría General de la Nación.
“Para el año 1999, Guatemala era el cuarto país con mayor número de adopciones en el mundo y, para 2008, era considerado el primer país exportador de niños hacia Estados Unidos”, agregó la sentencia. “Se estima que entre 1977 y 2008, en total, fueron dados en adopción internacional más de 30.000 niñas y niños. El 99% de las adopciones llevadas a cabo entre 1977 y 2007 se tramitaron por medio de notarios y, para 2006, el 95% de estas eran adopciones internacionales”.
La Secretaría de Bienestar Social de Guatemala ha señalado, cita la Corte, que el incremento desmedido de las adopciones internacionales derivaba en parte de la alta tasa de la población viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, lo cual afectaba particularmente a las mujeres.
En el caso de los hermanos Tobar, éstos fueron dados en adopción a pesar de que la madre y otros familiares presentaron diversos recursos para anular la declaratoria de abandono y mantener la custodia de los niños.
J.R fue dado en adopción a una familia en Illinois, mientras que Osmín a una en Pensilvania. Ambas usaron al mismo abogado para realizar los procedimientos y las dos adopciones se realizaron ante el mismo notario.
2018-05-18