Nota de prensa
El diputado Américo De Grazia (MUD-Bolívar ) responsabilizó al Ejecutivo Nacional y a la Gobernación del estado Bolívar de realizar “una limpieza” en Guayana para entregar el Arco Minero a trasnacionales extranjeras y a la Compañía Anónima Militar de las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas a efectos de su explotación.
Explicó el parlamentario que todo esto está fundamentado en un informe que recibió el ministro de Interior, Justicia y Paz, MG Gustavo González López, en su despacho el 26 de enero del año en curso, dos meses antes de la masacre de Tumeremo.
Ese informe – dijo el parlamentario- tiene extractos donde acusa al general retirado del Ejército Julio Cesar Fuentes Manzuli, comisionado especial del gobernador en la zona sur, como el responsable de los suministros de armas no solamente a Andrés Jamilton Ulloa, alias “El Topo”, sino al resto que controla las zonas mineras en el estado Bolívar.
A su juicio, se trata de una acción criminal de Estado, razón por la cual, durante los primeros cinco días de la masacre, el Gobierno Nacional la negó y la calificó de virtual. Destacó que fue gracias a la insistencia de los familiares, de las madres y padres, que se apostaron en la troncal 10 de manera firme durante cinco días y luego que la Asamblea Nacional nombrara una comisión especial, cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro ordenara a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y al Defensor del Pueblo, William Saab, realizar las investigaciones pertinentes para determinar qué grado de veracidad tenían las denuncias.
Recordó que el Gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desde el primer momento negó los crímenes y solo admitió que la masacre fue verdadera y cierta una vez que aparecieron los cadáveres.
“La vinculación de este régimen con el pranato en Guayana tiene nombre y apellido. En zonas, en lugares los acreditan con credenciales de la policía del estado, le dan el visto bueno al tráfico de armas, al tráfico de oro, al tráfico de diamantes”, comentó.
Argumentó que la razón intelectual para planificar una masacre que, a su juicio, no tiene precedentes en la historia de Venezuela es simplemente crematística,”están interesados en entregar prácticamente nuestra soberanía, en entregar 118 mil 847 kilómetros cuadrados que representan el 45 por ciento del estado Bolívar, el 12 por ciento del territorio nacional y prácticamente es más grande que la República de Cuba, Panamá o de Bélgica”, expresó De Grazia.
Subrayó que se trata de ingentes riquezas en oro, diamante, bauxita, cobre, níquel, uranio y coltán que, a su juicio, hoy están siendo subastados en una bulla minera, en una neo colonización de las mineras de Venezuela de la peor manera y al mejor postor. “Además de afectar al Orinoco, río padre de Venezuela, así como a la hidroeléctrica del Caroní, el Guri y a la reserva forestal de Imataca”.
Advirtió que esta denuncia la llevarán ante las instancias internacionales encargadas de velar por los derechos humanos, así como al Parlasur, al Parlatino, a la OEA y a la ONU “para la defensa de nuestra región, de nuestro ambiente, para la defensa de nuestro territorio y para que no sea hipotecada”, al tiempo que insistió en que se trata de un crimen ecológico, de un etnocidio que compromete a más de doce etnias endógenas.
De Grazia, quien estuvo acompañado durante su rueda de prensa por el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez y el Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, dijo que se trata de prácticas para favorecer al gran capital en lo que, a su juicio, es lo peor del socialismo del siglo XXI, en alianzas estratégicas con trasnacionales, que entregan la soberanía nacional.
Manifestó su fe y confianza porque le han suministrado muchísimas informaciones, y felicitó “a todos aquellos soldados dignos de la Patria, que se han puesto a la orden para entregar información que hoy tenemos en nuestras manos y que sustentan la denuncia para desmantelar todo este plan de mafias que hay en el territorio del estado Bolívar “.
Recordó que esta situación la vienen denunciado desde hace tiempo junto a Andrés Velásquez y a la Causa R, en donde han señalado todas las mafias que se han instalado en el estado Bolívar, como la de la cabilla, la del oro, la del hierro y el aluminio. Consideró que esta realidad solo podrá terminar con la salida de un régimen que, a su juicio, ha sido no solamente pervertido sino pervertidor de la política.
“No nos van a amedrentar, no nos van a hacer arrugar ante la amenaza de que podemos perder la inmunidad parlamentaria, ante la amenaza de ir a la cárcel porque nos quieren vincular a grupos armados; yo quiero manifestarles que esta denuncia, y fundamentalmente la que nos hicieron llegar los familiares del Comisario General José Gregorio Lezama, que hoy está preso en el Sebin, quien ofrece una radiografía de todas las denuncias, de cómo y quiénes operan las mafias, se la entregamos a la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, hace un mes”, expresó.
Agregó que el día 8 de abril entregó a la Fiscal Ortega Díaz y al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab el informe. “Es decir, ellos están advertidos de quién, cómo y dónde se entregan las armas de la policía a estos criminales, que pertenecen a bandas organizadas”.
Mostró una fotografía donde aparece el general Julio César Fuente Manzuli, comisionado y quien fuera el jefe de la policía del estado Bolívar hasta hace poco, cuando le dieron de baja del Ejército y quien fue director de seguridad ciudadana y adicionalmente es comisionado especial del Gobernador del estado Bolívar en la zona sur.
Enfatizó que si hay vínculos de pranes y de organizaciones criminales es precisamente de la de estos personajes del gobierno regional y del gobierno nacional, “que tienen larguísima trayectoria en todo esto”.
Insistió que el general Gustavo González López, ministro del Interior, tenía el informe del comisario jefe José Gregorio Lezama, que hoy está preso en el Sebin de Ciudad Bolívar y advirtió que tanto el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz como el Presidente de la República, Nicolás Maduro, son responsables de su seguridad “porque justamente están tratando de encubrir a todos los funcionarios que, de alguna manera, están involucrados de modo directo o indirecto con las mafias del oro y en otras mafias que están en ese informe, y que fueron detectadas por el comisario Lezama”.
Dijo que el gobierno manchó de sangre el arco minero, los diamantes, el hierro, las cabillas y hasta el petróleo “porque acabaron con toda la fuerza sindical que había allí para poner a pranes”. Acusó al Alcalde de Ciudad Bolívar, Sergio Hernández, de tener a un pran apodado” El Sapito” como de jefe de seguridad de ese despacho municipal y quien controla las mafias del oro en la Paragua.
Al concluir la rueda de prensa el parlamentario señaló al Presidente Nicolás Maduro de ser el responsable intelectual de la masacre de Tumeremo porque, a su juicio, no puede desvincularse de todo lo que significa la explotación del Arco Minero por lo cual mandaron a “limpiar” el territorio.
La respuesta ante todo esto- concluyó- tiene que ser pacífica, tiene que ser con el revocatorio y la elección de gobernadores.
2016-05-10