El Ejecutivo Nacional ordenó la extinción de la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (CVG Minerven), de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 5.266, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.994 de fecha reciente.
La medida marca el cierre definitivo de la estatal que durante más de cinco décadas fue el brazo ejecutor de la política minera de oro en el sur del país, específicamente en el estado Bolívar. Según el texto oficial, el proceso de liquidación se llevará a cabo bajo los lineamientos de los órganos competentes, asegurando la transferencia de activos y la gestión de los pasivos correspondientes.
CVG Minerven, fundada en 1970, fue la principal operadora de las minas de oro en El Callao. Sin embargo, en los últimos años la empresa enfrentó severas críticas y desafíos operativos relacionados con la caída de la producción, sanciones internacionales y la reconfiguración del Arco Minero del Orinoco.
Nuevas estructuras
El decreto estipula que la junta liquidadora tendrá un plazo determinado de treinta días (prorrogables) para concluir las funciones administrativas de la compañía. Se espera que esta decisión abra paso a nuevas estructuras de gestión minera bajo el control del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en un esfuerzo por centralizar y reorganizar la explotación de metales preciosos en la región.
Esta medida coincide con el reciente acercamiento diplomático entre Caracas y Washington, sellado por la visita del secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum. Durante su estancia en el país, se anunció un acuerdo estratégico para la comercialización de oro venezolano hacia el mercado estadounidense, que contempla el suministro de hasta 1.000 kilogramos de oro en bruto a través de la comercializadora Trafigura.
La disolución de Minerven facilitaría la reestructuración del sector bajo nuevas licencias de la OFAC, permitiendo que el mineral —que antes se desviaba a mercados como Turquía o Irán— llegue ahora directamente a refinerías en territorio norteamericano bajo estrictos protocolos de trazabilidad.
Hasta el momento, no se ha detallado el impacto que esta medida tendrá sobre la nómina actual de trabajadores, aunque el estamento legal suele contemplar la salvaguarda de los derechos laborales en procesos de transformación institucional.
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