Luis Martínez | [email protected]
Leny Vargas | @lenysvargas
Este lunes se cumplieron 60 días de protestas contra el Gobierno Nacional, y el panorama en el país es de incertidumbre. Cada sector mantiene su postura respecto a la problemática actual, e incluso han reforzado medidas y han adoptado algunas nuevas para lograr disminuir la presencia del otro en el plano político. Pero más allá de ser una lucha política, las protestas se han convertido en una batalla social, entre los que quieren un cambio de mandato y las fuerzas del Estado.
Antecedentes
El pasado miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciaba mediante la Sala Constitucional las sentencias n° 155 y 156, en la cual presentaban la “Omisión Inconstitucional parlamentaria”, por la cual le permitirían asumir todas las funciones de la Asamblea Nacional (AN).
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Esto no sentó nada bien en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien reaccionó de manera inmediata a la sentencia, y a través del diputado Freddy Guevara, se realizó un llamado a que las personas se manifestaran públicamente bajo los artículos °333 y °350 de la Constitución. La respuesta no se hizo esperar y el día 30 un grupo de manifestantes se apostaron en el distribuidor Altamira y Santa Fe contra la sentencia del TSJ.
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Esto marcó el inicio de las manifestaciones que además se destacó por la agresión que recibieron algunos parlamentarios, periodistas y estudiantes en las afueras del TSJ por parte de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el mismo 30 de marzo.
Sin embargo el poder judicial iba a recibir un golpe de autoridad cuando la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz declaró su rechazo a la sentencia destacando que esto "rompe el hilo constitucional". El Ejecutivo tomó estas declaraciones como un impasse entre poderes, pero la presión se hizo evidente y el TSJ tuvo que revertir la sentencia. Igual el daño estaba hecho.
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Manifestaciones
Desde que iniciaron las movilizaciones opositoras, efectivos de seguridad han reprimido a los manifestantes con el uso de bombas lacrimógenas, perdigones y tanquetas, los primeros hechos se presentaron en el estado Carabobo y en el distribuidor Altamira de Caracas, desde entonces, las calles en Venezuela han estado tensas. Mientras que la oposición ha convocado a diversas marchas con rutas y destinos diferentes, el oficialismo ha hecho lo propio buscando el respaldo de la población hacia el Gobierno. Sin embargo, son las movilizaciones de la oposición las que más generan repercusiones, debido a que la represión inicia antes de llegar al destino pautado.
En Caracas, los puntos de encuentro más comunes de las concentraciones de la oposición son la plaza Altamira, el distribuidor Santa Fe, Caurimare, El Paraíso, San Bernardino; mientras que el oficialismo se concentra principalmente en el centro, teniendo como punto focal: Miraflores. Destaca el hecho que es la primera vez, desde que se realizaron protestas en febrero del 2014, que la oposición logró marchas y protestas en el oeste de la capital.
Más represión, más protestas
El diputado de la AN, Henry Ramos Allup, había señalado que el hecho de que exista más represión en las movilizaciones, lo único que generará es que la gente se manifieste con violencia a tales sucesos. Eso ha sido una constante desde que inició el plan de la GNB de impedir que cada movilización opositora llegue a su destino, aunque se intensificó el 19 de abril con la activación del Plan Zamora 200, una medida que ha señalado el Gobierno actúa para "garantizar la estabilidad y la paz del país".
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Fotos: Archivo BDA
Los resultados de las protestas han generado una cantidad invaluable de pérdidas materiales, sin embargo, las mismas se han llevado la vida de 69 personas de los cuales 49 son las que han sido asesinadas directamente en la represión a manifestaciones, por diversas situaciones, y que no han pasado desapercibidas en ninguno de los sectores sociales, quienes se acusan el uno al otro por estos episodios violentos, que incluso ha llamado la atención de la comunidad internacional, quienes exhortan continuamente a que exista un diálogo político y social para acabar con la problemática de la nación.
También el saldo de heridos y detenidos no es nada alentador, el Foro Penal Venezolano (FPV) informó recientemente que se han llevado a cabo 2.977 detenciones desde que iniciaron las protestas, de las cuales 1.351 personas aún permanecen detenidas, apuntando que muchos de ellos son presentados ante tribunales militares, lo que también ha generado el rechazo de los líderes opositores, quienes alegan que civiles no pueden ser juzgados en tales instancias. El diputado de la AN, José Manuel Olivares, también acota que por cada herido "10 no reciben atención médica y no aparecen en cifras", marcando un total de más de 13 mil heridos producto de las protestas.
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Vandalismo
Más allá de las protestas, en diversas localidades, como en San Cristobal, los Altos Mirandinos, Valencia, Caracas, entre otros se han suscitado hechos vandálicos a establecimientos comerciales y conjuntos residenciales. El oficialismo acusa que es la oposición la responsable de tales actos, para generar inestabilidad económica y social, lo que diversos líderes han señalado, se trata de un intento de recrear lo suscitado durante ‘El Caracazo’; sin embargo, los opositores han señalado a grupos armados no identificados, donde ellos presumen provienen del oficialismo y a infiltrados en las protestas como los causantes de esos hechos.
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Fuera de nuestros límites territoriales, las manifestaciones también se han llevado a cabo, pero lo notable es cómo también se incrementó el asedio a personas vinculadas con el oficialismo como una forma de protesta, y de alzar su voz por parte de personas que se oponen al Gobierno. La canciller de la república, Delcy Rodríguez, fue designada recientemente para liderar una comisión y tomar medidas para ejercer acciones legales en los países en donde se manifiesten estos hechos.
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Represión más intensa y asedio a políticos
Desde hace 10 días, la jornada de protestas se ha venido intensificando desde el punto de vista represivo, pues los efectivos de la Guardia Nacional (GN) así como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han intensificado los ataques tanto a manifestantes como a polítcos.
El diector de Salud Baruta, Enrique Montbrun explicó el lunes 29 de mayo que el número de personas afectadas por el gas lacrimógeno ha disminuido, sin embargo ha incrementado la cantidad de heridos por impactos de disparos de metras, de bombas de gas lacrimógeno y dislocación de hombro.
Hasta la semana pasada, el Gobierno negaba que los cuerpos de seguridad utilizaran metras para dispersar las manifestaciones, sin embargo tal aseveración se puso en duda cuando el diputado Carlos Paparoni recibió un impacto de metra cuando marchaba en la autopista Francisco Fajardo el 26 de mayo.
En una semana, Paparoni ha sido intervenido dos veces, la segunda fue durante la protesta del lunes 29 de mayo cuando un chorro de agua a presión impactó contra su humanidad, dejándole un traumatismo en el hombro y una herida en la cabeza.
Desde entonces y en el transcurso de 10 días ha incrementado el asedio hacia los políticos opositores, que han asistido a las manifestaciones, las denuncias del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y de la presidente del FCU-UCV Rafaela Requesens sobre agresiones y robos contra ellos y sus equipos por parte de la seguridad del Estado, encendieron las alertas en el sector opositor.
Esta denuncia se extiende hasta el gremio periodístico, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) ha dejado en evidencia los constantes abuso de los cuerpos de seguridad en contra de los periodistas, que esta semana además de haber sido heridos, también han recibido amenazas, y hasta sido robados.
Existen graves denuncias como la dada por el diputado José Manuel Olivares quien aseveró que durante la manifestación del lunes 29 de mayo, guardias atacaron a los civiles con disparos así como a centros de salud con gas lacrimógeno.
La declaración de Luisa Ortega Díaz
Las apariciones públicas de la fiscal Luisa Ortega Díaz han dejado desconcertado a más de uno, sin embargo su declaración del 24 de mayo sobre las circunstancias en que falleció Juan Pernalete, contradiciendo las declaraciones oficiales del Gobierno, dieron de qué hablar en la opinión pública.
Recordemos que el 29 de abril, el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas aseguró que según investigación policial, el joven estudiante fue asesinado con una pistola de perno, no obstante Ortega Díaz lo desmintió y dijo que el muchacho falleció a consecuencia del disparo de una bomba de gas lacrimógeno directamente sobre su cuerpo.
Luego de esto, diferentes representantes del oficialismo, han arremetido en contra de su persona y hasta puesto en duda su integridad como fiscal, entre ellos están el diputado Diosdado Cabello, quien aseguró estar arrepentido de haberla puesto en ese cargo y amenazó con sacarla de allí cuando se lleve a cabo la Constituyente.
Asimismo, también fue reprochada por el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, quien aseguró que el Ministerio Público promueve la impunidad en Venezuela y que a través de dichas declaraciones se pretendía dejar mal parada a la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Líderes y comunidad internacional
El miércoles 31 de mayo se desarrollará una reunión de cancilleres en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se tratará el tema de la crisis política y social que se vive en Venezuela con la intención de promover soluciones para ayuder a resolver la problemática.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges participará el mismo día en la sesión del Parlamento Europeo con el fin de denunciar la ANC y las implicaciones negativas que esta tendría para Venezuela. También se reunirá con el cardenal Pietro Parolin en El Vaticano.
Varias han sido las reacciones de los actores políticos tanto en el territorio nacional como internacional. Dirigentes de la oposición como Freddy Guevara, Lilian Tintori y Henrique Capriles Radonski han denunciado continuamente lo que a su juicio es una "clara violación de los Derechos Humanos" debido a los actos represivos que ha asumido el Gobierno para disuadir las marchas, a la vez que mantienen sus exigencias de que el poder electoral convoque a elecciones, se liberen a los presos políticos y cese la violencia.
Por otro lado, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente, considerando que esto contrarrestará a la oposición esperando que "la Constituyente le volteé la tortilla a los golpistas e intervencionistas". El llamado a la Constituyente nuevamente ha generado un fuerte debate entre quienes apoyan un cambio a La Constitución, los que quieren defender la integridad de la Carta Magna ideada por el presidente fallecido Hugo Chávez, y la oposición que por diversos motivos, no quieren que la misma sea modificada.
Las acciones de ambos sectores políticos han trascendido fronteras. Organizaciones como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre otros, no han dejado de lado la crisis que actualmente vive Venezuela, y han abordado en diferentes sesiones el tema de Venezuela. Cancilleres de diferentes países, jefes de estados y expresidentes también han retratado su opinión ante los circunstanciales eventos que podrían incidir en que Venezuela colapse y ponga en riesgo el futuro de la región. También desde el Vaticano, el Papa ha exhortado a un diálogo sincero, proponiendo a la iglesia católica como mediador para solucionar los problemas políticos.
60 días de protestas, y la agenda de manifestaciones contra Maduro continuará, asegurando que pasarán a otro nivel de protestas. Para este miércoles, la MUD convocó a marchar hasta la sede de la Cancillería, en la Plaza Bolívar.
2017-05-30