Yorki Reyes| [email protected]| @yorkitti
El abogado constitucionalista, Luis Herrera, y el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfonso Marquina, explicaron este viernes el desacato de los ministros al no asistir a comparecer ayer en la Asamblea Nacional (AN).
Herrera comentó en el foro radial del programa del periodista César Miguel Rondón por Circuito Éxito FM que hay un "doble desacato" de los funcionarios del Poder Ejecutivo; primero porque están subordinados a la constitución por lo tanto es una obligación ir, y por otro lado no asistir acarrea violar la voluntad de pueblo.
En este sentido comentó que dicha conducta asumida por los titulares de las carteras económicas y financieras del país es "inconstitucional y antidemocrática y puede suponer una sanción o multa que pudiera llevar a la remoción de los cargos", señaló.
Por su parte Marquina afirmó que el documento de "emergencia" presentado el pasado viernes 15 de enero por el presidente, Nicolás Maduro, no busca resolver la crisis sino más bien para "buscar culpables".
"Desde el momento que recibimos el decreto fue también con la intencionalidad de que fuese negado", dijo al tiempo que expresó que era una estrategia para decir que cómo no se aprobó el instrumento entonces no se podrá mejorar "Hay una perversión mayor con la edición del decreto", destacó.
Continuó aseverando que el país está en una urgencia económica y "No hay excusa para que nigún funcionario posponga las declaraciones por su ocupación", sentenció y calificó de "patraña" las acciones del gobierno, que a su juicio es "tramposo por no aceptar el control parlamentario".
El parlamentario por Lara reveló que ante la situación la cámara legislativa "no aprobará ningún decreto porque más bien se ha agudizado la economía (…) pero lo que si va a hacerse es modificar la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) y la Ley de Administración financiera".
El jurista retomó la idea para indicar que ante el hecho se debe proceder "si no se aprueba el decreto de emergencia, como creo que es lo que va a pasar, éste perderá vigencia; y las acciones ejecutadas durante su duración deben investigarse".
Igualmente puntualizó que los otros poderes como el jurídico y el ciudadano deben respetar lo que decida la AN, y a su vez contribuir en las indagaciones que se planteen en lo legíslativo porque "hay razones jurídicas, económicas y sociales inmersas", sentenció.
2016-01-22