Nota de Prensa
El abogado, ex diputado y defensor de los Derechos Humanos (DDHH) Rafael Narváez, señaló que el presidente Nicolás Maduro y la bancada de parlamentarios oficiales están obligados a respetar la Ley de Amnistía propuesta por la mayoría de asambleístas del Poder Legislativo venezolano, bajo la modalidad de decreto ley.
Narváez señaló que esta modalidad está contemplada en la constitución y es una atribución exclusiva del parlamento, que solo requeriría de aprobación, y se ordena al poder ejecutivo su cumplimiento sin pasar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“He venido revisando el planteamiento que han hecho las víctimas que solicitan la ley de amnistía y no tiene que ver con Lesa Humanidad ni violación sistemática de Derechos Humanos, la violación de DDHH las hace el Estado y no los particulares, que dirimen el conflicto entre particulares, si la Ley se aprueba bajo la otra modalidad, el presidente la puede regresar en varias oportunidades y la tercera vez la Asamblea toma decisión de promulgarla. Si el Presidente no la cumple, se corre el riesgo que alguien introduzca un recurso de interpelación a la Sala Constitucional” explicó.
No obstante, Narváez alertó que esta propuesta de la bancada parlamentaria de la MUD "irá a parar al congelador judicial del TSJ” pues acentuó que en el país los poderes son subordinados al Presidente. Lamentablemente el Presidente de la República y su bancada de diputados oficiales han dicho que no van a aprobar una Ley de Amnistía ni van a sacar a los criminales a la calle, estamos en presencia de una situación sumamente irregular porque esto es un acto parlamentario que el Gobierno nacional y el TSJ deben respetar. Yo como abogado y ex parlamentario le digo a las víctimas que esto va a ir a parar al congelador judicial llamado TSJ, que violenta derechos humanos y permite jurisprudencias que van por encima del derecho, que no permite debido proceso” manifestó.
Zoológico delincuencial
Rafael Narváez apuntó que los hechos ocurridos en los estados Aragua y Nueva Esparta con “toques de queda” impuestos por el hampa tras homicidios de líderes de bandas delictivas, solo demuestra que los hampones están en pugna por el poder y que Venezuela vive un “zoológico delincuencial” en el cual prevalece la ley de los pranes, quienes ejercen mayor control que las autoridades judiciales y que en casos como el de Aragua, tienen complicidad con cuerpos policiales.
Con esto, señaló a la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que una reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) no solucionaría la situación, porque se trata de problemas estructurales que van desde la inestabilidad laboral de jueces y fiscales y la cantidad de expedientes que tienen a cargo, lo que contrasta con las pocas condiciones que poseen para agilizar juicios y sentencias.
2016-02-05