EFE
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó su informe de evaluación sobre Venezuela, el cual contiene una serie de recomendaciones en al área de administración de justicia, derechos humanos, derechos sindicales y el rol de las instituciones, entre ellas, la defensoría del pueblo.
Venezuela se sometió los pasados 2 y 3 de junio al escrutinio del Comité, el cual urgió a garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, a garantizar la inestabilidad laboral de los profesionales de la Justicia.
"El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces", concluyó el comité.
"Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia", agrega.
Ante esta situación, recomendaron a Caracas que "adopte las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados sea realizado de forma transparente a fin que sean nombrados sobre la base de la integridad e idoneidad".
"Asimismo, el Comité recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial".
Los expertos del comité multilateral criticaron a la Oficina del Defensor del Pueblo por no haber desempeñado sus funciones correctamente, por lo que instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.
Las tensiones entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos también fueron evaluadas por la ONU. El Comité criticó la falta de cooperación entre las autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, "lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación".
"El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias contra algunas de las personas que participan públicamente en los espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a las organizaciones de la sociedad civil".
El Comité también expresa su preocupación por "la injerencia de algunas autoridades del Estado en las elecciones de representantes de los sindicatos".
Asimismo, la referencia a los derechos de los pueblos indígenas, los expertos piden a Venezuela que tome las medidas necesarias para garantizar "la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio de sus derechos".
"Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos", especifica.
Finalmente, el Comité insta al Estado a que considere su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.