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Durante un año, la colombiana Marnellis Muentes y sus vecinos han abierto las puertas de sus pequeñas viviendas a decenas de familias venezolanas en un barrio sobre una colina en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Muentes fue forzada a migrar durante el conflicto de Colombia y siente la obligación moral de ayudar a los venezolanos que huyen de la agitación política y el desplome económico en su país de origen.
Pero la crisis de Venezuela ahora amenaza con abrumar a Colombia y a otros países en Suramérica y probablemente ponga a prueba su buena voluntad en 2019 en la medida en que aumentan las solicitudes de inmigración y asilo de otros países latinoamericanos, en particular de Nicaragua.
Unos 3,3 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015 y Naciones Unidas estima que cerca de dos millones más, de una población de 32 millones, podrían abandonar el país en 2019.
"Sé lo que es tener que salir de casa sin nada. He vivido el sufrimiento, el hambre, por el que están pasando los venezolanos", declaró Muentes a la Fundación Thomson Reuters. "Me rompe el corazón ver que los niños piden comida".
Todos los días unos 5.000 venezolanos dejan sus hogares, según la ONU, uno de los mayores éxodos de la historia moderna de América del Sur.
En total, una de cada 10 personas en Venezuela ha huido del país en los últimos tres años. Cerca de un millón de venezolanos viven en Colombia, 500.000 en Perú, 222.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina y 85.000 en Brasil, así como decenas de miles viviendo en varias islas del Caribe.
TENSIONES
Sin embargo, hay indicios de que la solidaridad y la buena voluntad están disminuyendo en países que ya lidian con pobreza y economías alicaídas. "No hay programas adecuados de educación o asistencia, lo que significa que habrá más tensión social (…) en las comunidades anfitrionas", advirtió Egeland.
Según el gobierno colombiano, el ingreso de inmigrantes venezolanos le cuesta a Colombia alrededor del 0,5 por ciento de su producto interno bruto por año, equivalente a 1.500 millones de dólares. Y si bien la mayoría de los colombianos empatiza con la situación de sus vecinos, la xenofobia ha aumentado.
La tensión entre los residentes y los migrantes también se ha agravado en Ecuador, donde el gobierno ha dicho que necesita unos 550 millones de dólares para ayudar.
En Brasil, donde más de 65.000 venezolanos han solicitado asilo, también ha crecido la presión. En agosto, a la ciudad fronteriza de Pacaraima en Brasil se enviaron fuerzas de seguridad después de que se provocaron incendios contra campamentos de inmigrantes.
Este mes, Chile se negó a firmar un pacto de migración de la ONU destinado a mejorar la integración y protección de los migrantes. Chile también exige ahora a los venezolanos que soliciten el ingreso en los consulados de Venezuela y que muestren un pasaporte, que muchos no tienen.
CRISIS
La ONU solicitó recursos por 738 millones de dólares en 2019 para ayudar a los vecinos de Venezuela, ya que hasta ahora Sudamérica ha enfrentado sola este desafío.
"El tamaño de la crisis es asombroso, su magnitud e impacto aún no se comprenden", afirmó Amanda Catanzano, directora senior de la ONG International Rescue Committee. "Y no es sostenible en ausencia de una respuesta regional coordinada, que no vemos todavía".
Las malas relaciones diplomáticas entre Venezuela y sus vecinos, en particular Colombia y Brasil, hacen improbable que tal plan regional se materialice pronto.
En otras partes de América Latina, miles de migrantes de Centroamérica, principalmente El Salvador, Honduras y Guatemala, abandonan sus hogares cada año, huyendo de la violencia de pandillas, la pobreza y el desempleo para buscar una vida mejor en los Estados Unidos.
"Son familias enteras. Ya no es la más joven, la más fuerte", dijo Francesca Fontanini, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
Las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump han llevado a que un número récord de padres que viajan con niños sean detenidos tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos con México.
NICARAGUA
Se está desarrollando una nueva crisis migratoria en Nicaragua, donde más de 300 personas han sido asesinadas desde abril cuando el gobierno de Daniel Ortega ha respondido, a menudo brutalmente, a las protestas antigubernamentales.
La represión ha provocado que decenas de miles de nicaragüenses, muchos de ellos estudiantes, se vayan a la vecina Costa Rica. Más de 23.000 han solicitado asilo.
Nicaragua ha recuperado algo de estabilidad, pero la negativa de Ortega a aceptar un referéndum sobre realizar elecciones anticipadas en un intento por calmar a la oposición significa que es probable que haya más disturbios.
Lo cierto es que el éxodo continuará, dijo Muentes. "Mientras las personas no se sientan seguras y no tengan comida, seguirán viniendo. No tienen otra opción".
2018-12-27
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