Jesús M. Gambús | redacció[email protected]
Las velitas de la torta del aniversario que se celebra hoy en el mundo posiblemente se queden sin apagar en Venezuela.
Y no es por no querer rendir justo homenaje al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, sino es que posiblemente por vía oficial, no haya llegado la tarjeta del recordatorio.
Pues, no se trata de un simple olvido, sino de una estrategia empleada desde hace años por los gobiernos de la llamada quinta república, visto a través del cristal de las organizaciones y personalidades que vigilan la gestión pública y técnicamente lo llaman blackout.
La táctica que permea a los estados de memoria y cuenta de funcionarios públicos permite además crear un escudo protector ante cualquier investigación y contraloría.
Obligación. El artículo 51 de la Constitución Nacional lo señala con claridad: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
En refuerzo a esos derechos ciudadanos, la ley se expresa además en su artículo 58 que reza: Artículo 58. “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
Desde el petróleo para arriba. Petróleos de Venezuela y sus operaciones llevan la bandera de la información sin acceso.
La desconfianza a las cifras oficiales de producción diaria de barriles de petróleo desvían la atención de los expertos del mercado a fuentes secundarias.
Asimismo ocurre con la deuda financiera de la estatal petrolera con el Banco Central y las cifras de las actividades de las empresas conexas.
¿Dónde están las cifras?. Otra demora injustificable convierte en pecador al Consejo Nacional Electoral (CNE) que a la fecha no ofrece por las vías regulares los resultados definitivos de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El mayor cuestionamiento al organismo rector electoral se dejó caer desde Londres poco después de la convocatoria del CNE, cuando los directivos de la empresa Smartmatic denunciaron la manipulación de la cifra de participación en el evento.
2017-09-27