La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, la cual fue sancionada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).
Con esta sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, el máximo tribunal ratifica que la norma cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para su entrada en vigor.
El objetivo central de este instrumento legal, según reza su artículo 1, es establecer una base normativa que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos necesarios para optimizar gestiones.
La meta final es disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos.
En su dictamen, la Sala Constitucional destacó que esta ley no es una regulación aislada, sino una "respuesta estructural" del legislador frente a una realidad histórica caracterizada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia.
Según el TSJ, estas fallas administrativas inciden directamente en el goce de los derechos fundamentales de la población.
Principios de eficiencia
La sentencia subraya que la nueva ley se rige por principios de:
- Prontitud en la resolución de expedientes.
- Eliminación de pasos innecesarios en los procesos.
- Optimización de los recursos del Estado para servir al público.
Para los magistrados, existe una "clara correspondencia" entre el contenido de esta ley y el mandato de la Constitución, reforzando su carácter como una norma de desarrollo directo del Texto Fundamental.
Con este aval judicial, se espera que las instituciones públicas inicien un proceso de readecuación tecnológica y administrativa para cumplir con los nuevos estándares de atención al ciudadano este 2026.
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