Roberto Romanelli
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tiene facultades para proponer el cambio de leyes penales para castigar el “terrorismo” ni tampoco pue-de hacerlo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como lo anunció el presidente del máximo tribunal, magistrado Maikel Moreno, según expertos del ramo.
El jurista y catedrático José Vicente Haro fue muy enfático al afirmar que “el TSJ no es el órgano legitimado ni autorizado para estar proponiendo o elaborando proyectos de reformas de leyes penales que contengan esos delitos o que modifiquen los delitos ya existentes o que aumente las penas”.
“No lo es porque el órgano capacitado legalmente es la Asamblea Nacional, es el único legitimado de acuerdo a la Constitución , para hacer eso”, acotó.
El profesor de la UCV con postergado en Derecho Constitucional y Ciencia Política explicó que “el TSJ solo tiene inciativa legislativa para presentar ante la Asamblea Nacional leyes sobre organiza- ción y funcionamiento del Poder Judicial”.
“Sobre eso puede presentar propuestas, pero no puede ni debe aprobar proyectos d e ley ni presentar tales a órganos que no son los que constitucionalmente pueden legislar como la cuestionada ANC, porque la ANC además no es un órgano que pueda legislar, no tiene carácter ni poder legislativo, no puede asumir atribuciones del Parlamento, no puede alegando supuesto poderes plenipotenciarios o carácter supraconstittucional, asumir cualquier función legislativa”.
Haro reiteró que si alguien quiere presentar una propuesta de ley, “venga de donde venga”, la tiene que presentar ante el Parlamento, allí se tiene que cumplir con el procedimiento legislativo, debatir en el seno de comisiones y la plenaria.
El experto advirtió que “seria una usurpación de funciones del Parlamento que la ilegitima ANC asuma esta tarea” .
El magistrado Moreno dijo este domingo que hay conductas de dirigentes opositores que “encuadran como terrorismo o traición a la patria” y que los jueces del TSJ trabajan en unas “modificaciones de las leyes para presentarlas ante la ANC para que sean sancionados estos hechos”.
Haro consideró además “preocupante el interés del gobierno a través de la ANC, por mantener la persecución política como una política de Estado para acallar a la disidencia, no solamente de la dirigencia política opositora sino de los ciudadanos que piensen distinto o que se manifiesten en contra del gobierno por cualquier situación política, social , de interés público o ayuda humanitaria”.
Piratería De su lado, la diputada y abogada Delsa Solórzano calificó como una “piratería” el planteamiento de Moreno. “Ese señor parece que no sabe que la legislación venezolana, la Constitución, dice que solamente legisla la Asamblea Nacional. No hay posibilidad de que exista otro órgano que puede legislar”, indicó y añadió que esto es más cierto aun en materia penal, donde existe la llamada “reserva legal” del Parlamento, que le concede exclusividad jurídica en esta materia.
“Esos delitos terrorismo y traición a la patria” ya están establecidos en la ley, con la pena máxima de 30 años. Así que le recomiendo (a Moreno) que se lea las leyes ”, apuntó .
Solórzano rechazó que se pueda asimilar como delito de “traición a la patria” a opositores que respalden las sanciones de países y organismos internacionales contra el gobierno, pues “los derechos humanos no tienen frontera” ni “las sanciones son culpa de la oposición .
“Cuando hay funcionarios del gobierno que cometen violaciones a los derechos humanos, la comunidad internacional tiene mecanismos como las sanciones para castigar esas conductas y que tú las respaldes no es ningún delito”, ponderó.
La diputada del partido Un Nuevo Tiempo cree que el gobierno trata de “amedrentar” a la oposición con estos anuncios que, a su juicio, no tienen base jurídica ni legal de ningún tipo.
2018-06-11
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