Este viernes, 24 de julio de 2026, el Gobierno de Venezuela notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la decisión firme e irrevocable de retirar al país de la Corte Penal Internacional.
La medida se tomó por órdenes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se ejecutó mediante la denuncia formal del Estatuto de Roma con base en lo establecido en su Artículo 127.
La representación diplomática venezolana, a cargo de Félix Plasencia González, transmitió la postura oficial a través de un comunicado en su cuenta de X.
Argumentos sobre el sesgo geográfico en la justicia internacional
El comunicado oficial señala que la decisión responde a un desequilibrio evidente en las actuaciones del tribunal internacional. Las autoridades venezolanas afirman que el organismo concentra sus investigaciones de forma desproporcionada en países de África y Latinoamérica, lo que afecta de manera directa a las naciones del Sur Global.
Según el Gobierno venezolano, esta práctica evidencia un sistema de justicia que no se aplica con equidad. El documento indicó que el tribunal vulnera la soberanía y la autodeterminación de los pueblos al actuar bajo patrones desiguales en el plano internacional.
Denuncias de persecución y uso del tribunal con fines ajenos a la justicia
Las autoridades manifestaron que la conducta del organismo no constituye una coincidencia de tipo legal. El Gobierno venezolano sostiene que la institución puso sus herramientas y mecanismos al servicio de intereses externos que distan de la protección a los pueblos.
El texto oficial califica la situación como una forma de persecución contra la población venezolana que profundiza las desigualdades. Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso con una justicia equitativa, fundamentada en el respeto a la soberanía de los países.
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