Entre abril y septiembre de 2021, al menos 37 reclusos de 119 Centros de Detención Preventiva (CDP) de cinco regiones del país (Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia), fallecieron por complicaciones de salud. Del total de casos registrados se determinó que 31 fallecieron por tuberculosis (83,8%).
Entre octubre de 2020 y abril del año en curso, la ONG registró que fallecieron 24 reclusos con tuberculosis, tres con VIH, tres con complicaciones respiratorias, uno con una afección gastrointestinal y uno con un infarto.
Al sumar las defunciones registradas en el segundo periodo, se confirma que entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 69 reclusos murieron por complicaciones de salud en Caracas, Miranda, Vargas, Zulia y Nueva Esparta.
Para esta investigación también se determinó que del total de la población penitenciaria registrada (7.947 privados de libertad) se contabilizaron otras enfermedades. Entre los que destacan 492 casos de desnutrición (6,19%), 216 de tuberculosis (2,71%), 10 del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y dos con COVID-19.
De los CDP monitoreados, La ONG determinó que en estos espacios predominan las enfermedades respiratorias, como tuberculosis, desnutrición, VIH/Sida, infecciones en la piel, síndrome diarreico, COVID-19, entre otras.
Aunque familiares de algunos detenidos manifestaron que presentan síntomas de coronavirus. No es posible contabilizar esos casos sin información oficial por parte de las autoridades y confirmación de pruebas de descarten el virus.
Estas cifras demuestran que los reclusos en los Centros de Detención Preventiva aún siguen expuestos a enfermedades infectocontagiosas, hasta el punto de perder la vida.
Sin condiciones
La ONG determinó que tratar a estos reclusos enfermos es una tarea casi imposible, debido a la falta de condiciones que existen en estos recintos.
Según el monitoreo registrado solo 39 CDP cuentan con baños para asearse (32,8%). Esto aumenta el riesgo de transmisión de las enfermedades infectocontagiosas presenten en los calabozos policiales se propaguen con mayor facilidad.
“Aquí cada quien se cuida como puede. Pero bañarse, cambiarse la ropa a diario, es un lujo que solo se dan los que están en celdas VIP. Aquí uno tiene que aguantar su pela. Una picada se convierte en una roncha en días y una cortada se infecta rapidito. La comida a veces llega descompuesta y uno igual se la come, porque hay hambre. Uno se enferma solo de estar acá”, dice Franklin Gómez a Una Ventana a la Libertad, un privado de libertad del Retén de Caraballeda en el estado Vargas.
Los CDP tampoco están adaptados para auxiliar a las privadas de libertad embarazadas, ni mujeres lactantes, ya que solo uno de los centros estudiados, ubicado en el estado Vargas, cuenta con este servicio (0,8%).
Los CDP tampoco tienen comedores para que los reclusos puedan alimentarse (0%), ni están capacitados para albergar a detenidos con discapacidad motora (0%), motivado, principalmente, por la falta de infraestructura adecuada para albergar a detenidos y el hacinamiento.
Hacinamiento, el gran problema
El estudio resalta que estos espacios transitorios de reclusión tienen una capacidad de albergar a 3.702 privados de libertad.
No obstante, hasta septiembre de este año, la población penitenciaria era de 7.974 detenidos, de los cuales 7.320 son hombres y 627 mujeres. Esta población registrada se determinó que 7.881 son adultos y 66 son menores de edad.
Estas cifras confirmadas revelan que existe un hacinamiento del 46,6 por ciento. Aunque este dato, demuestra que aún hay hacinamiento en estos espacios, se confirmó que a diferencia de períodos anteriores la población reclusa se redujo en las comisarías monitoreadas, principalmente por las liberaciones y traslados a cárceles otorgadas por la Comisión Presidencial de la Revolución Judicial y el Plan Cayapa, cuyo plan es del Ministerio de Servicio Penitenciario. La descongestión, sin embargo, no ha solucionado los problemas de habitabilidad prolongada en estos lugares de paso que no deberían exceder las 48 horas.
Con información de nota de prensa
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