Nota de prensa
El Ministerio Público acusó a Claudio Giovanni Jiménez Gómez, alias El Buñuelo, quien fue detenido el 3 de febrero de este año por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por su presunta responsabilidad en los hechos violentos acaecidos ese mismo día en El Cementerio, municipio Libertador del Distrito Capital.
Los fiscales 36º nacional y auxiliar respectivamente, acusaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional agravado, porte ilícito de arma de guerra y resistencia agravada a la autoridad.
En el escrito presentado ante el Tribunal 35° de Control del área metropolitana de Caracas, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Jiménez Gómez, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en El Helicoide.
Aproximadamente a las 2:00 de la tarde del citado día, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) iniciaron la búsqueda de Jiménez Gómez, quien habría amenazado a los agentes de seguridad con armas de fuego y dos granadas.
A los pocos minutos Jiménez Gómez, quien se encontraba con varias personas, lanzó uno de los artefactos explosivos (granada), al tiempo que sus acompañantes efectuaron disparos contra la comisión policial, cuya acción ocasionó la muerte del oficial de la PNB, José Maza.
Luego, Jiménez Gómez ingresó en una vivienda de la zona y tomó como rehenes a una mujer y a una niña de 11 años de edad.
Al verse rodeado por los funcionarios policiales, el agresor solicitó la mediación del Ministerio Público y de un sacerdote para gestionar su entrega.
Posteriormente, el joven hizo una llamada a la línea telefónica gratuita 0800-FISCA00, para solicitar la intervención de un fiscal con competencia en Protección de Derechos Fundamentales.
A tales efectos, fue designado el fiscal 80° nacional auxiliar, César Salas, quien se dirigió hasta el sitio del hecho junto a la madre de Jiménez Gómez.
A las 7:00 de la noche, Jiménez Gómez se entregó a los funcionarios del Cicpc, y fue puesto a la orden del Ministerio Público.