El ciberacoso es una forma de agresión no física que ha crecido en conjunto con la diversidad de redes sociales e internet.
Este fenómeno utiliza medios digitales para hostigar, amenazar, o difamar a una persona, afectando gravemente su bienestar emocional y psicológico.
En Venezuela, según datos de UNICEF, la vulnerabilidad es alta; se estima que entre el 50% y el 70% de los estudiantes en la región son víctimas de alguna forma de acoso, incluyendo el cibernético.
¿Cómo denunciar el ciberacoso?
Para denunciar una situación de ciberacoso, la organización Amnistía Internacional recomienda seguir estos pasos:
Documentar las pruebas: es crucial tomar capturas de pantalla de todos los mensajes, comentarios, amenazas, o publicaciones intimidantes, violentas o de índole sexual. Estas pruebas son fundamentales para sustentar la denuncia.
Acudir a instancias de seguridad: la víctima puede presentar la denuncia en las siguientes instituciones:
- Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc): el caso puede ser remitido a la División Contra Delitos Informáticos o a la División de Atención a la Violencia Contra la Mujer y la Familia.
- Ministerio Público: se puede hacer la denuncia en la Oficina de Atención a la Víctima de esta institución.
¿Qué hacer en casos que involucren a menores de edad?
Si las víctimas son niños, niñas o adolescentes, se debe llevar el caso a los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio donde residan.
Penas y sanciones por ciberacoso en Venezuela
Aunque la Ley Especial Contra Delitos Informáticos (vigente desde 2001) no nombra el "ciberacoso", sí penaliza actos que suelen ser parte de él. Según El Diario, las sanciones varían dependiendo de la gravedad y el tipo de acción:
La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece penas de hasta tres años de cárcel para quienes incurran en actos de acoso u hostigamiento sexual, lo cual se aplica si estos actos se cometen a través de medios digitales.
A su vez, el artículo 22 de la Ley Contra Delitos Informáticos sanciona a quien revele o difunda información (imágenes, audios o datos) obtenida por medios ilegales (como el hackeo).
La pena es de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 600 unidades tributarias. Si la revelación es con fines de lucro o para dañar a la víctima, la pena aumenta de un tercio a la mitad.
Quien use tecnologías para difundir material pornográfico a adultos sin restringir el acceso a niños, niñas y adolescentes, puede enfrentar de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 600 unidades tributarias (Artículo 23).
La pena sube a cuatro a ocho años de cárcel y multas de 400 a 800 unidades tributarias para quien utilice medios tecnológicos con el fin de exhibir pornografía directamente a niños o adolescentes (Artículo 24).
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