Zulvyn Díaz | [email protected]
Con las manos ampolladas y una erupción en el cuerpo regresó a su hogar, en un pueblo del sur de Mérida. Gustavo Enrique, de 20 años de edad y padre de una niña de siete meses, luego de pasar las últimas ocho semanas arrancando hojas de coca en plantaciones clandestinas en Colombia.
“La vida y la situación país me obligaron a cambiar los cuadernos y las ganas de ser arquitecto, por unas vendas para los dedos y un saco para las hojas”, dijo en alusión al maltrato propio del oficio de “raspachín”, término con el identifican a las personas que deshojan matas de coca; materia prima para la elaboración de cocaína, y cuya práctica no era conocida en de este lado de la frontera venezolana.
Las llagas de las manos aparecen los primeros días de la faena que puede extenderse por encima de las 12 horas diarias, según explica el hombre.
El sarpullido, que muchas veces decolora la piel, es el resultado de la exposición a fertilizantes y pesticidas que rocían en la plantación.
La crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela y que arreció en 2017, ha propiciado la movilización de grupos de jóvenes con edades entre 14 y 27 años de edad, hacia estados fronterizos, para cruzar hasta el otro lado, en busca de oportunidades laborales y beneficios económicos que no consigue en su entorno.
-La decisión
Gustavo Enrique abandonó las aulas de la Universidad de Los Andes y rediseñó su plan de vida una tarde que entró a la cocina de su casa “y no había ni agua en la nevera”, recuerda. “Ese día entendí que debía elegir entre estudiar o producir”. Y el desespero, nunca aconsejable, lo llevó a convertirse en un “raspachín”.
Al igual que Gustavo Enrique, cientos de jóvenes venezolanos de varios estados del país, principalmente de Zulia, Mérida, Táchira, Guárico y más recientemente Aragua, Lara y Yaracuy cruzan la frontera del sector Orope, municipio García de Hevia del estado Táchira, que colinda con el Catatumbo en Colombia, hasta llegar a Tibú, al Norte del departamento Santander.
Ya en tierras colombianas, se dirigen hasta el pueblo de La Gabarra, donde esperan por “los patrones” para empezar la tarea en la que pueden pasar hasta dos meses y medio.
El pago es en pesos colombianos y varía de acuerdo con la cantidad de arrobas de hojas recolectadas en un día. A la semana podrían ganar dinero en moneda extranjera, especialmente dólares. “Todo el que se acerque a pedir trabajo tiene que conocer las reglas”, dijo Gustavo Enrique. “Ahí nadie roba, nadie consume drogas y nadie anda armado”.
Detalló que varios compatriotas que han incurrido en “faltas” en el lugar, han sido “desterrados del pueblo”, como una manera de proteger su vida, ya que de reincidir en el delito podrían ser ajusticiados por grupos armados.
-El resultado
Este movimiento migratorio juvenil representa el abandono y fragmentación del núcleo familiar, deserción escolar en todos los niveles educativos, fuga de talentos y desperdicio de potencialidades necesarias para el avance del país, inclusive de vidas productivas, afirman especialistas.
Para la abogada penalista Mildred Camero, experta en temas de droga, esta situación representa un quiebre de valores, particularmente la educación, que es el cimiento en el cual se fundamenta el desarrollo y progreso de toda nación.
Camero indicó que el abandono de la formación académica de jóvenes cuyos actos definirán el futuro del país, para convertirse en “mano de obra barata” del primer paso para la elaboración de sustancias estupefacientes, no solo desvanece la construcción del país que se quiere, sino que además fomenta la conformación de nuevos grupos violentos y mafias para el control de la red de elaboración y distribución de drogas.
Según un informe de la ONG Fundaredes, del otro lado de la frontera existen entre 8 y 12 grupos armados que se disputan “el control” de la zona. El documento sostiene que al menos 15 mil jóvenes venezolanos de los que han cruzado realizan algún tipo de tarea ilícita para estas organizaciones criminales.
Para Camero lo nuevo de “esta práctica ha ocurrido desde siempre, es que son jóvenes venezolanos de ambos sexos, quienes están incursionando en esta modalidad”, expresó. Expertos en el área coinciden en que parte de la solución a este conflicto que afecta ambas naciones, radica en el retorno del país hacia la democracia y al estado de derecho, la aplicación de un plan económico realista, que frene la hiperinflación y permita a los ciudadanos cubrir sus necesidades.
Reescolarización, oportunidades de crecimiento profesional por parte del Estado que erradique la fuga de talento y disminuya la aparición de grupos violentos.
2019-03-06
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