Una comisión mixta integrada por funcionarios de la Policía del estado Táchira (Politáchira) y de la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), decomisó 31,2 toneladas de arroz que eran descargadas de una gandola para ingresarlas en un galpón ubicado en el sector La Concordia del municipio San Cristóbal.
La información fue suministrada por Carlos Colmenares, director del cuerpo policial, quien precisó que este procedimiento se efectuó después de varios días de seguimiento e investigaciones de campo "sobre mafias dedicadas al acaparamiento, la especulación y el contrabando de rubros de primera necesidad".
Detalló que la intervención se practicó en la carrera 5 entre calles 4 y 5 de La Concordia, donde los policías avistaron a un grupo de ciudadanos descargando una gandola contentiva de arroz, el cual estaban almacenando dentro de un galpón.
"Esta acción despertó la suspicacia de los funcionarios, quienes procedieron a verificar la legalidad del cargamento, solicitando al conductor la guía de movilización y facturas de compra, que exhibió mostrando una actitud nerviosa y evasiva", indicó.
Comentó que al chequear los documentos, se percataron de un evidente desvío en la ruta de movilización, por lo que los uniformados notificaron la situación al coordinador regional del Sada, Ross Miguel Durant, quien se apersonó en el sitio y ordenó la retención de la mercancía.
En total se contabilizaron 1.300 fardos de arroz, para un total de 31.200 kilogramos, que fueron puestos a órdenes del Sada para iniciar las investigaciones administrativas de rigor.
"Las comisiones de inteligencia policial lograron conocer a través de vecinos de la comunidad, que al referido galpón llegaban diariamente vehículos de carga pesada, especialmente en horas de la noche y madrugada, para descargar productos regulados por el Estado venezolano", apuntó.
La comercializadora vendía la mercancía acaparada a comerciantes y bodegueros a precios elevados, y la llevaban a territorio colombiano por contrabando de extracción.
Colmenares señaló que el propietario del galpón será investigado, "pues el acaparamiento y contrabando son delitos que vienen siendo atacados con contundencia por el Gobierno regional, pues atentan contra la soberanía alimentaria del país"./AVN
2013-08-30