Redacción 2001.com.ve
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó este lunes, que esa institución designó a cuatro funcionarios que serán los responsables de llevar las denuncias acerca de las presuntas desapariciones de 28 mineros en Tumeremo, estado Bolívar, con la finalidad de buscar que se "escalarezcan los hechos en función de la verdad", asimismo afirmó haber conversado con las autoridades pertinentes y con el gobernador de esa región.
También anunció que se delegó a una comisión mixta de las Fuerzas Armadas, que están en el lugar haciendo las averiguaciones y entrevistando a los familiares, "hemos solicitado una investigación objetiva"dijo, por lo que se negó a dar una hipótesis de lo ocurrido, considerando que lo más prudente es esperar los resultados de las averiguaciones, "apenas se tenga respuesta de los hechos será informado".
Por otro lado, William Saab, exhortó a la Asamblea Nacional (AN), que en caso de no estar de acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicite una apelación o revisión, pero "no hacer un llamado al desacato, al desconocimiento o mucho peor a la violencia armada o civil", asegurando que "Venezuela necesita de la unidad nacional, especialmente de los poderes públicos nacionales, incluyendo el Poder Legislativo", para que de ese modo se eviten daños irreparables.
Calificó como "una aberración jurídica" la extensión del decreto hecha por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que de principio a fin "merece todo nuestro rechazo" y sostuvo que este decreto "contradice incluso al propio presidente Obama".
"La extensión es un acto de agresión que pudiera calificarse también de propaganda", dijo William Saab, al tiempo que manifestó que con este podría procurarse hacer una "ocupación militar en nuestro territorio", ya que según él este mecanismo siempre "ha sido el preámbulo, el prólogo de invasión militar", resaltó.
Hizo un llamado a la Asamblea Nacional, así como a todos los sectores políticos que rechace dicha orden, que trae de trasfondo la posibilidad de que el país pueda ser agredido militarmente, "trayendo un baño de sangre que no podemos aceptar".
Ante su comparecencia en el Parlamento, afirmó que esperará el momento oportuno para informar la fecha, y resaltó que hay "muchísimas cosas positivas que decirle al país", adelantó que las acciones defensoriales han incrementado en un 60%, así como el número de peticionarios que han acudido al ente, creció en un 40%, lo que "implica confianza", estimó.
Rechazó cualquier acto de violencia, haciéndo énfasis en los casos de agresión que sufrieran el diputado Carlos Peperoni y la ciudadana consejal de Puerto La Cruz, considerando que los ataques son de "responsabilidad personalísima"y que se esperan los prontos resultados de las averiguaciones, para ubicar a los responsables.
2016-03-07