DPA
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció hoy que una fotógrafa italiana fue detenida por las fuerzas del orden, durante las protestas contra el gobierno que han estremecido el país en las últimas dos semanas.
El SNTP dijo que la italiana Francesca Commi fue detenida la noche del viernes en una protesta en Altamira, una zona residencial del municipio Chacao, en el este de Caracas, junto con varias decenas de manifestantes.
Indicó que la fotógrafa será presentada a los tribunales, pero señaló que podría ser deportada. Debido a esto, llamó al gremio a manifestarse en la sede de los tribunales en apoyo a la reportera.
"Nos informan que Francesca Commi y los otros 40 detenidos serán presentados esta tarde en los tribunales penales en Caracas", informó en su cuenta de Twitter. "En menos de una semana, detenidos dos periodistas italianos por la represión en Venezuela: Gianfranco Di Giacomantonio y Francesca Commi", agregó.
El SNTP dijo que hace gestiones con organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación de Commi.
La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (Apex) dijo que estaba recogiendo información de otros varios periodistas que fueron golpeados en Altamira y que sus equipos fueron incautados por agentes de la Guardia Nacional (policía militarizada).
El canal oficial informó la noche del viernes que fue detenido un grupo de manifestantes en Altamira, incluyendo a varios "terroristas" extranjeros.
Mientras, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, dijo hoy que el gobierno ha sido respetuoso de los derechos humanos en la contención de las protetas, las cuales han dejado 18 muertos y más de 200 heridos en poco más de dos semanas.
"El gobierno ha denunciado con pruebas que se está desarrollando un golpe de Estado", dijo la funcionaria. "La respuesta del gobierno ha sido con firmeza, autoridad y principalmente respetuosa a los derechos humanos", añadió.
Indicó que la actuación de la Guardia Nacional ha sido de "contención de la violencia". Sin embargo, indicó que los planificadores de los desórdenes han tratado de "desbordar" la actuación de los cuerpos de seguridad hacia un expediente "de violación de los derechos humanos".
La organización no gubernamental defensora de derechos humanos Provea reiteró hoy su petición para que se investiguen los incidentes que han dejado víctimas mortales desde el 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas al derivar en violencia una manifestación opositora en la Fiscalía General.
El portavoz de Provea, Marino Alvarado, pidió que se investiguen a todos los implicados sobre las muertes, exhortó a la Fiscalía General a realizar una averiguación transparente y reconocer que ha habido tortura de los detenidos.
"Si hay funcionarios implicados deben ir presos y pagar ante la justicia", dijo a la televisora "Globovisión".
Señaló que la fiscal general Luisa Ortega debe reconocer que estudiantes detenidos "han sido maltratados" por las fuerzas del orden.
El líder opositor Henrique Capriles advirtió que la paz y el diálogo "no se logran desde la mentira. El gobierno pide paz mientras reprime brutalmente, detiene a más jóvenes. Así no",
"El país clama por paz y atención, pero no así: 18 muertos, cientos de heridos, torturas, 1044 detenciones y 888 medidas cautelares (para liberar a los manifestantes)", dijo en Twitter.
Mientras, el alcalde metropolitano de Caracas y dirigente opositor, Antonio Ledezma, advirtió que la conferencia de paz que convocó el presidente Nicolás Maduro fallará en el diálogo si continúa la persecución de los dirigentes de la oposición.
Ledezma cuestionó una orden de arresto contra el dirigente del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, a quien le imputarán los mismos cargos que el encarcelado líder del grupo, Leopoldo López.