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A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad la exfiscal 4ª auxiliar del estado Guárico, Xohiris Seijas, y su cónyuge, el abogado Josman Silva, por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción detectados el pasado 17 de julio en San Juan de los Morros.
En la audiencia de presentación, el fiscal 17º en esa jurisdicción, Óscar Álvarez, imputó a Seijas y Silva por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia agravada, agavillamiento, falsificación de documentos, suposición de valimiento, previstos en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción del representante del Ministerio Público, el Tribunal 5º de Control de Guárico dictó la citada medida privativa de libertad en contra de Seijas y su pareja, quienes quedaron recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Juan de los Morros.
Por este caso, también ha sido privado de libertad el abogado Jonathan Castro, por la presunta comisión de los aludidos tipos penales.
El 10 de febrero de 2016, un hombre acudió a la sede de la Fiscalía 4ª de Guárico para solicitar la devolución de un vehículo de su presunta propiedad, la cual le había sido negada por la fiscal titular de esa dependencia debido a que el automóvil estaba retenido por seriales modificados.
Posteriormente, en representación de la víctima, Castro se dirigió al mencionado despacho fiscal y estableció contacto con la exfiscal Seijas, quien requirió el pago de 300 mil bolívares para resolver el asunto.
Castro informó a la víctima de las condiciones y le solicitó 800 mil bolívares en aras de obtener los documentos para la liberación del carro. Al recibir el dinero de su cliente, el pasado 4 de julio efectuó la transferencia del monto exigido a una cuenta bancaria a nombre del esposo de la exfiscal.
Al día siguiente, con los documentos elaborados por Seijas, hizo entrega de los mismos a su cliente.
El 17 de julio, el afectado se trasladó al estacionamiento judicial Neomar, ubicado en Ocumare del Tuy, estado Miranda, con el propósito de retirar su automóvil y se le informó que el procedimiento no se pudo materializar debido a que los documentos son de procedencia dudosa.
2017-09-01