El Ministerio Público privó de libertad al supervisor de fiscalización del Indepabis en el Distrito Capital, Deibis Liskano, quien fue detenido el lunes 17 de junio en la sede de la referida institución, ubicada en la avenida Libertador, por su presunta vinculación con casos de extorsión a comerciantes en Caracas.
En la audiencia de presentación, las fiscales 2º nacional y 47º auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Narda Sanabria y Grendy Duque, imputaron al funcionario por la presunta comisión del delito de extorsión, previsto y sancionado en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por las representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5º de Control del AMC dictó medida privativa de libertad contra Liskano y fijó como sitio de reclusión la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en Guárico.
Por este caso se encuentra imputado el director nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis, Tryno José Martínez Calderón, por la presunta comisión del mismo delito, así como por el porte ilícito de arma de fuego.
Según la investigación, un comerciante que tiene un local en el sector El Cementerio de Caracas, denunció el pasado viernes 07 de junio, ante funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DIM) que fue extorsionado por Liskano, quien le habría solicitado la cantidad de 50 mil bolívares para no cerrar su establecimiento, transacción que se concretó el pasado sábado 08 de junio con Martínez Calderón.
En vista de la situación, el mismo día, Martínez Calderón fue detenido por efectivos del mencionado organismo de inteligencia, en las adyacencias de su vivienda ubicada en la parroquia El Valle, municipio Libertador del Distrito Capital.
Durante el procedimiento, al funcionario se le incautó un arma de fuego y 64 mil bolívares, los cuales estaban en el interior de su vehículo.
Por otra parte, Liskano fue aprehendido por funcionarios de la DIM el lunes 17 de junio, en la sede de Indepabis ubicada en la avenida Libertador, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
Posterior a la detención de Martínez Calderón y Liskano, otros comerciantes denunciaron presuntas extorsiones por parte de los hoy imputados.