La alcaldía de Nueva York anunció la clausura definitiva del albergue Bruckner, situado en el condado del Bronx, poniendo fin a la operación del último refugio para migrantes en Nueva York habilitado durante la emergencia humanitaria.
Con esta decisión comunicada el jueves por la noche, la administración del alcalde Zohran Mamdani argumenta que queda sin efecto un citatorio judicial emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que exigía identificar a los residentes indocumentados con antecedentes penales alojados en dichas instalaciones.
Maniobra legal frente a la orden de un tribunal federal
La medida se produce después de que el juez federal de Manhattan, Lewis A. Kaplan, ordenara el pasado 6 de noviembre a la ciudad remitir el listado de ocupantes del centro —que contaba con capacidad para 2.200 camas— a un perito especial designado por la corte. El objetivo de dicha revisión era filtrar los nombres de personas acusadas o condenadas por alguno de ocho delitos graves, entre ellos asesinato, violación, agresión y robo, dentro de un litigio iniciado en diciembre del año pasado bajo la gestión del exalcalde Eric Adams.
En lugar de entregar los registros, el equipo legal de la alcaldía presentó este jueves un escrito de tres páginas ante el juez Kaplan sosteniendo que el requerimiento federal perdió validez al quedar vacías las instalaciones.
"A la luz del cierre de Bruckner el día de hoy, hay cero residentes actuales de Bruckner. En consecuencia, no habrá residentes actuales de Bruckner para identificar, lo que hace que este asunto resulte irrelevante", señalaron los abogados municipales en el documento.
Reubicación de residentes y continuidad del litigio
Según cifras oficiales difundidas por funcionarios municipales, la población del centro ubicado en el Bronx había descendido progresivamente desde los 1.414 migrantes registrados en enero —cuando Mamdani asumió el cargo con la directriz de clausurar el recinto antes de finalizar el año— hasta 172 personas el día en que el tribunal emitió su fallo este mes. La administración local declinó precisar el paradero actual de estos últimos residentes ni confirmar si fueron integrados al sistema tradicional de albergues para personas sin hogar de la ciudad.
A pesar del cierre físico del edificio, la controversia jurídica permanece abierta. En la propia carta remitida al tribunal, los representantes de la ciudad reconocieron que, tras consultar con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, el gobierno federal mantiene su intención de exigir el cumplimiento de la citación judicial, por lo que corresponderá al juez Kaplan determinar si el requerimiento sobre los registros históricos continúa vigente.
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