Una querella judicial interpuesta contra el centro de detención Alligator Alcatraz detalla presuntos abusos físicos por parte del personal de custodia, incluyendo una agresión múltiple contra un ciudadano cubano y el uso de agentes químicos en espacios cerrados.
El centro de detención, ubicado en el sur de Florida, enfrenta nuevas acusaciones legales tras un incidente ocurrido el pasado 2 de abril. Según el documento de la demanda, la situación se originó cuando un grupo de internos protestó por la falta de acceso a servicios telefónicos y comunicación con el exterior.
En respuesta, agentes de seguridad habrían intervenido de forma violenta, resultando en lesiones físicas para varios detenidos y el traslado de algunos de ellos a celdas de aislamiento.
Detalles de las agresiones físicas
Entre los testimonios recopilados en la demanda destaca el caso de Raico López Murphy, un ciudadano de origen cubano que presenta hematomas en el rostro y heridas en las extremidades. De acuerdo con el relato de sus familiares y defensa legal, ocho guardias habrían participado en una golpiza que incluyó intentos de asfixia. Tras el altercado, el afectado permaneció nueve días en una celda de segregación sin recibir atención médica especializada, limitándose el tratamiento a la administración de analgésicos básicos pese a reportar dolores intensos en el pecho y la cabeza.
Uso de gas pimienta y heridos adicionales
La querella también incluye el testimonio de otro detenido que asegura haber sido rociado con gas pimienta junto a otros reclusos dentro de sus celdas. El informe legal señala que, durante la intervención, los guardias fracturaron la muñeca de uno de los internos y el uso del químico provocó el desmayo de un hombre de avanzada edad debido a la falta de ventilación en el área. Estas acciones contradicen los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de población bajo custodia federal.
Incumplimiento de órdenes judiciales
Esta nueva serie de denuncias surge semanas después de que una jueza federal emitiera una orden que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al estado de Florida a garantizar llamadas confidenciales y visitas legales sin cita previa en este recinto. La demanda sostiene que el centro, inaugurado en julio de 2025, ha ignorado sistemáticamente este mandato. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Markwayne Mullin, no ha emitido una respuesta oficial ante estos señalamientos que se suman a reportes previos de organizaciones internacionales sobre condiciones insalubres en el establecimiento.
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