Tras un primer revés en los tribunales federales, el gobierno de Donald Trump retomó su ofensiva para acelerar los procesos de expulsión en Estados Unidos (EEUU).
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó en el Federal Register la regla final que recorta de 30 a solo 10 días calendario el tiempo disponible para impugnar ciertas decisiones de los jueces de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Con fecha de entrada en vigor fijada para el 17 de diciembre de 2026, la normativa reduce a apenas un tercio el margen habitual que tienen los inmigrantes para conseguir un abogado, reunir pruebas y presentar una defensa formal antes de que una orden de salida quede en firme.
A quiénes afecta el recorte y quiénes mantienen los 30 días
La reforma no modifica por igual todos los expedientes migratorios, sino que divide los plazos según el tipo de recurso solicitado ante la corte:
| Tipo de procedimiento migratorio | Plazo anterior | Nuevo plazo (desde el 17/12/2026) |
|---|---|---|
| Cancelación de deportación y otros alivios migratorios | 30 días calendario | 10 días calendario |
| Decisiones sobre el fondo de solicitudes de asilo | 30 días calendario | 30 días calendario (se mantiene) |
Más allá de la reducción de días, la regla endurece las condiciones en las que la BIA evalúa cada expediente bajo dos cambios clave:
- Desestimación sumaria: la Junta podrá rechazar apelaciones de manera rápida sin entrar en un análisis profundo, salvo que el caso cumpla con criterios estrictos para su revisión.
- Sin margen para agregar argumentos después: todos los puntos legales de la defensa deberán plantearse desde el aviso inicial de apelación.
Cualquier argumento omitido en esa primera presentación podrá considerarse renunciado automáticamente.
Por qué se reactiva la medida tras haber sido bloqueada
La administración Trump ya había intentado aplicar este recorte en febrero bajo el argumento de combatir el rezago de casos acumulados en la BIA.
Sin embargo, el 8 de marzo una corte federal suspendió parte de la regulación al determinar que el gobierno no había cumplido adecuadamente con el proceso obligatorio de consulta pública.
Días después, el 13 de marzo, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) ratificó mediante un memorando que el plazo de 30 días seguía vigente.
Ahora, el Departamento de Justicia asegura haber subsanado ese fallo administrativo tras completar el período de comentarios públicos, lo que habilita la entrada en vigor de la regla final en diciembre.
Pese a ello, organizaciones especializadas como la Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) advierten que la medida compromete seriamente el derecho a la defensa. Para quienes enfrentan una orden de deportación -y en especial para personas detenidas-, contratar asesoría legal y estructurar un recurso sólido en menos de dos semanas resulta sumamente complejo.
Qué tomar en cuenta ante una orden de deportación
Para quienes atraviesan un proceso migratorio, el cumplimiento estricto de los tiempos será determinante a partir del 17 de diciembre:
- Son días calendario, no hábiles: el conteo de 10 días incluye fines de semana y feriados (aunque, bajo las normas de la EOIR, si el décimo día cae en sábado, domingo o feriado federal, el límite suele trasladarse al siguiente día hábil).
- El efecto de apelar a tiempo: presentar el formulario de apelación (EOIR-26) dentro del plazo correspondiente activa por lo general una suspensión automática que frena la ejecución de la deportación mientras la BIA resuelve el caso.
Si se deja vencer el límite, la orden puede ejecutarse de inmediato.
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