Buscan precedente legal para regularizar a medio millón de cubanos: conoce la clave de esta demanda

Un tribunal federal en Miami evalúa una acción legal para restablecer los beneficios de la Ley del Ajuste Cubano

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 09:30 pm

La jueza federal Jacqueline Becerra analiza en un tribunal de Miami la demanda Bello-Rubio contra el DHS. La acción judicial representa a 992 migrantes y busca regularizar a 500.000 cubanos en Estados Unidos.

El grupo de demandantes solicita el reconocimiento de la Ley del Ajuste Cubano para obtener la residencia legal. La agencia EFE reportó que medio millón de personas ingresaron por la frontera mexicana entre 2019 y 2023.

Las autoridades fronterizas entregaron a los migrantes el documento I-220A de libertad bajo palabra. Sin embargo, el gobierno estadounidense rechaza este formulario como un beneficio de parole válido para tramitar la residencia.

¿Qué busca la demanda de cubanos en EEUU?

El abogado Mark Prada encabeza la estrategia para certificar el caso como una demanda de acción colectiva. El jurista declaró a la agencia EFE que intentan proteger a todas las personas procesadas de forma similar en la frontera.

Un migrante identificado como Alan relató a la agencia la zozobra en la cual vive junto a su esposa. "Una deportación para nosotros sería morir en vida", afirmó el ciudadano cubano al describir su temor constante.

Un estudio del Instituto Cato reveló que los arrestos de cubanos aumentaron un 463 % durante la actual administración. Paralelamente, la aprobación de las tarjetas de residencia cayó del 99,8 % al 15 % para este colectivo.

¿Permitirá este proceso legal reactivar la Ley del Ajuste Cubano?

El equipo legal aclaró que el fallo favorable no otorgará la residencia de forma automática a los demandantes. Prada enfatizó que la victoria judicial dará una herramienta básica para defender cada expediente ante las cortes migratorias.

La crisis legal se originó tras el fin de la política "pies secos, pies mojados" decretado en el año 2017. Desde esa fecha, miles de familias quedaron en un limbo jurídico sin estatus definitivo dentro del país.

El Departamento de Seguridad Nacional solicitó la desestimación del caso durante las primeras audiencias del proceso. La jueza Becerra escuchará los alegatos finales antes de dictar una resolución sobre el futuro del grupo.

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