La estabilidad de miles de familias inmigrantes en Tennessee, Estados Unidos (EEUU), se encuentra ante un nuevo desafío legislativo.
La propuesta denominada "Tennessee Reduction of Unlawful Migrant Act" - HB 145, popularmente conocida por sus siglas como TRUMP Act, busca transformar radicalmente el acceso a servicios básicos para quienes no cuentan con un estatus legal definido en el estado.
A continuación, desglosamos los puntos clave de esta iniciativa y cómo afectaría la vida cotidiana de los residentes hispanos.
Educación: de la gratuidad al cobro de colegiaturas
Históricamente, las escuelas públicas en Tennessee han sido gratuitas para todos los residentes mayores de cinco años.
Sin embargo, esta propuesta busca redefinir el concepto de "residente estatal".
- El cambio: si la ley se aprueba, los padres o tutores de estudiantes sin presencia legal en el país podrían ser obligados a pagar colegiaturas y cuotas escolares, similares a las que pagan los estudiantes que viven fuera del condado o del estado.
- Educación superior: el impacto se extiende a las universidades públicas. Al cambiar los requisitos para ser considerado "residente", los estudiantes indocumentados perderían el acceso a las tarifas de matrícula estatal (in-state tuition), lo que encarecería drásticamente sus estudios.
Identificación estricta: ¿Quién es "residente"?
El proyecto establece que para ser reconocido como ciudadano o residente del estado de Tennessee, la persona debe:
- Ser ciudadano estadounidense o extranjero con presencia legal comprobable.
- Presentar dos formas de identificación emitidas por el gobierno que acrediten dicho estatus.
Esta medida no solo afecta la educación, sino que cierra la puerta a cualquier beneficio estatal basado en la residencia.
Control de remesas y envíos de dinero
Uno de los puntos más polémicos de la "TRUMP Act" es la fiscalización de las transferencias de dinero al extranjero.
- Verificación obligatoria: las instituciones financieras estarían obligadas a verificar el estatus migratorio de cualquier persona que desee enviar fondos fuera de EEUU.
- Privacidad: las entidades deberán conservar copias de las identificaciones por un periodo de dos años.
- Supervisión: el Departamento de Instituciones Financieras de Tennessee tendría el poder de auditar estos registros y sancionar con multas civiles a los negocios que no cumplan con la norma.
El análisis fiscal de la propuesta advierte sobre riesgos financieros para el estado:
- Pérdida de fondos federales: Tennessee podría poner en riesgo asignaciones de dinero del gobierno federal al implementar medidas que podrían entrar en conflicto con normativas nacionales.
- Deserción escolar: se prevé una disminución en la financiación escolar si los estudiantes abandonan el sistema por falta de recursos para pagar las nuevas cuotas.
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