El sector de la construcción en Nueva York mantiene su estatus como la ocupación más letal para la fuerza laboral, a pesar del uso reglamentario de equipos de protección personal.
Según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), este gremio registró 55 muertes durante el último periodo anual, donde las caídas, resbalones y tropiezos representaron la causa principal de los decesos.
Índices
Solo en la ciudad de Nueva York, las fatalidades en obras civiles alcanzaron un tercio del total estatal, consolidando una tendencia alarmante según detalla El Diario NY.
Esta tendencia, aunque muestra una ligera reducción frente a las 30 muertes del año previo, sigue superando las cifras de industrias como la gastronomía o los servicios de protección.
La demografía de estas tragedias revela una desigualdad estructural, pues los trabajadores latinos y asiáticos enfrentan los mayores riesgos en los proyectos de infraestructura.
Piden supervisión
Ligia Guallpa, directora del Worker’s Justice Project, enfatiza que es importante implementar una supervisión proactiva y una formación rigurosa para detener esta sangría laboral.
La realidad neoyorquina refleja una crisis nacional: de las más de 5.000 muertes laborales registradas en Estados Unidos, más de mil ocurren en el sector de la construcción.
Casos recientes, como el colapso de una zanja en Brooklyn en febrero de 2026 o la caída fatal de un carpintero en el proyecto Hudson Yards, demuestran que las medidas actuales resultan insuficientes ante la peligrosidad de las obras.
Consecuencias
La falta de rendición de cuentas por parte de los contratistas agrava la situación, dejando tras de sí una estela de procesos judiciales y familias desamparadas. Desde accidentes en camiones de cemento en El Bronx hasta caídas desde rascacielos en Harlem, la seguridad en el sitio de trabajo sigue fallando.
Además, el peligro trasciende los límites de la zona de construcción, afectando incluso a peatones que mueren por el desprendimiento de escombros de fachadas deterioradas.
Esta crisis de seguridad exige una inversión sostenida en protocolos de prevención y una fiscalización estricta para garantizar que el empleo no se convierta en una sentencia de muerte para los sectores más vulnerables de la población.
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