El Departamento de Estado de Estados Unidos ha empezado a cancelar más de 6,000 visas de estudiantes, según admitió un funcionario gubernamental.
La medida forma parte de una política migratoria más estricta adoptada en los últimos meses, y se fundamenta en presuntas violaciones legales o riesgos de seguridad nacional.
¿Por qué se dieron esas cancelaciones?
De estas cancelaciones, aproximadamente 4,000 visas fueron revocadas por delitos comunes, incluyendo agresión, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, y robos.
Otros 200 a 300 casos están vinculados a supuesta complicidad con actividades terroristas, según lo establece el Manual de Asuntos Exteriores del Estado.
Las autoridades justifican las revocaciones aludiendo a actos considerados contrarios a la política exterior de Estados Unidos, en especial en medio del conflicto en Gaza. Se ha señalado que entre los afectados se incluyen estudiantes que protestaron o criticaron acciones del gobierno israelí, de acuerdo con el portal CNN en español.
Esta política se inscribe en una represión migratoria más amplia, que también incluye vetos de visas según actividad en redes sociales. En ese contexto, se ha interrumpido temporalmente la atención de solicitudes de visas estudiantiles y se han intensificado los controles de redes sociales a los aspirantes.
¿Cuál ha sido la respuesta a esta situación?
Los defensores de derechos civiles han alertado que estas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre expresión, ya que existen evidencias de revocaciones por infracciones menores o por opinión política, lo cual ha sido cuestionado por carecer de un debido proceso.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en una audiencia que el número total de visas revocadas bajo su gestión asciende probablemente a miles, consolidando un giro drástico en la política migratoria hacia estudiantes extranjeros.
Estas acciones han generado preocupación entre el ámbito académico y educativo del país, al evidenciar una creciente ansiedad entre estudiantes internacionales y exponer una línea dura en materia migratoria que obliga a muchas instituciones y familias a replantear su relación con sistemas educativos en Estados Unidos.
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