El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ratifica la protección legal para 170.000 salvadoreños en ese territorio. La medida mantiene vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta un próximo aviso oficial de las autoridades.
Un portavoz de la agencia federal confirmó a Los Angeles Times la continuidad temporal de esta amparo creado en 2001. El funcionario precisó en un comunicado que el gobierno estadounidense anunciará cualquier cambio formal en el momento apropiado.
Los ciudadanos amparados conservan sus permisos para trabajar legalmente y permanecen protegidos contra órdenes de deportación. La extensión beneficia a miles de familias que acumulan más de dos décadas de residencia ininterrumpida.
¿Cómo reaccionan las organizaciones y los migrantes?
Activistas de la comunidad centroamericana expresan alivio pero mantienen la vigilancia ante posibles cambios de política. El portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), Martín Pineda, advierte que miles de familias afrontan tensión constante.
"Vivimos la deportación más grande de la historia de Estados Unidos", señaló Pineda sobre la cancelación previa a diez países. El vocero enfatizó que los beneficiarios pasan revisiones periódicas de antecedentes penales cada 18 meses.
Directivos de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles gestionan reuniones directas con senadores y representantes en Washington. Los líderes comunitarios piden soluciones definitivas para frenar la separación de hogares integrados por ciudadanos estadounidenses.
¿Qué postura adopta la administración de Donald Trump?
El asesor de política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, reiteró la naturaleza no permanente de estos permisos. El funcionario argumenta que las condiciones internas de El Salvador presentan mejoras considerables en los niveles de seguridad urbana.
"Seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca", declaró Homan al defender la revisión de los programas. Sin embargo, economistas señalan que la canasta básica salvadoreña alcanza los 252 dólares ante salarios mínimos de 408 dólares.
El subempleo afecta al 39 % de la población económicamente activa en la nación centroamericana, según datos del Banco Central. Los abogados recomiendan a la comunidad consultar con asesores legales certificados para estudiar alternativas de regularización individual.
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