El gobierno de la ciudad de Nueva York endurece su postura frente a las condiciones de detención de inmigrantes en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Varias autoridades municipales, junto a organizaciones de derechos humanos, exigen cambios inmediatos en los centros de detención, especialmente en el ubicado en el edificio del 26 Federal Plaza, en Manhattan.
¿Cómo surge esta propuesta?
En respuesta a un litigio liderado por la Unión Americana de Libertades Civiles y apoyado por entidades locales como Make the Road New York, un juez federal ordenó la implementación de una orden de restricción temporal, de acuerdo con el portal El Diario NY.
La resolución exige que se reduzca el hacinamiento, se garanticen las condiciones sanitarias, se proporcionen colchonetas para dormir, artículos de higiene y acceso confidencial a llamadas legales. Igualmente, se determinó que cada detenido debe disponer de al menos 50 pies cuadrados en las áreas de retención, y que estas deben ser limpiadas al menos tres veces al día.
¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos?
La ciudad y numerosos defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado públicamente que las actuales circunstancias son "inhumanas" y violan el debido proceso.
Videos que circulan en redes sociales muestran a personas durmiendo en el suelo, sin colchones, con mantas térmicas, baños expuestos y ausencia de productos básicos como jabón o agua potable. El alcalde Eric Adams ha calificado las detenciones en cortes como una amenaza al interés público, pues impiden el acceso de los inmigrantes, especialmente aquellos que respetan la ley, a servicios esenciales y procesos legales.
¿Cuál es el planteamiento de las organizaciones?
La ciudad considera estas detenciones en tribunales como “trampas” y aclara que erosionan la confianza pública en el sistema judicial.
Las organizaciones abogan no solo por el cumplimiento de esta orden judicial, sino por la eliminación permanente del uso de cortes federales como puntos de arresto migratorio. También reclaman una supervisión más rigurosa de las prácticas del ICE y una respuesta sustentable del gobierno federal.
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