El futuro de la alimentación para millones de familias en Estados Unidos llegó a los tribunales. Una demanda masiva contra el Departamento de Agricultura (USDA) busca frenar una serie de proyectos piloto que restringen qué alimentos pueden comprar los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La disputa legal, encabezada por familias de cinco estados, alega que las nuevas restricciones sobre "comida chatarra" y refrescos son discriminatorias y ponen en riesgo la salud de personas con condiciones médicas especiales.
El conflicto de las "exenciones a las restricciones"
El USDA ha aprobado hasta ahora 22 exenciones que permiten a los estados modificar la definición legal de "alimento". Esto ha creado un rompecabezas logístico y nutricional:
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Alimentos Prohibidos: Bajo estas exenciones, los beneficiarios ya no pueden usar sus tarjetas EBT para comprar refrescos, bebidas energéticas o productos clasificados como "no nutritivos".
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Variedad Estatal: Lo que es legal comprar en un estado puede estar prohibido en otro, dejando la responsabilidad de la interpretación en manos de cajeros y beneficiarios.
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Falta de Flexibilidad: La demanda señala que estas reglas no contemplan excepciones para familias con necesidades dietéticas únicas o emergencias médicas.
Casos críticos: cuando la restricción es un riesgo
Uno de los puntos más desgarradores de la demanda es el caso de Amanda Johnson, residente de Tennessee. Su hija adolescente padece de ARFID (Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos), una condición vinculada a su discapacidad que limita severamente lo que puede consumir.
“Si no puede ingerir esos alimentos específicos, la única alternativa es la alimentación por sonda”, cita la demanda. Los médicos han advertido que restringir los pocos alimentos aceptados por la joven llevaría a intervenciones médicas invasivas y deterioro nutricional grave.
El reclamo legal: violación de procesos federales
Representados por el Centro Nacional para la Ley y la Justicia Económica, los demandantes de Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental exigen:
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Declarar ilegales los programas piloto de restricción.
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Bloquear la implementación de exenciones aprobadas que aún no entran en vigor.
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Suspender de inmediato las exenciones vigentes que ya están afectando las compras en los supermercados.
La demanda alega que el USDA violó la Ley de Procedimientos Administrativos al implementar estos cambios sin la debida transparencia ni consideración del impacto humano.
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