Una comisión de representantes del Congreso estadounidense constató el deterioro de las condiciones de vida y la falta de asistencia básica que sufren los migrantes recluidos en la instalación de Delaney Hall, ubicada en el estado de Nueva Jersey.
La inspección, liderada por el parlamentario Adriano Espaillat junto a los legisladores Analilia Mejía y Rob Menéndez, confirmó que la población interna permanece expuesta a un entorno de desprotección que compromete su bienestar físico, reportó EFE.
La supervisión directa a este recinto, administrado por la firma privada GEO Group bajo la jurisdicción del Servicio de Inmigración y Control de Averías (ICE), respondió al constante flujo de reclamos sobre anomalías operativas dentro de la infraestructura.
Entre los hallazgos señalados por los congresistas destacan la distribución de raciones alimenticias en estado de descomposición, fallos en la climatización de los espacios y la denegación constante de tratamiento médico a los reclusos que manifiestan quebrantos de salud.
Fallas operativas y de asistencia médica
Durante el recorrido por el complejo penitenciario, los legisladores recopilaron testimonios de los propios internos, quienes detallaron los lapsos prolongados de espera y la negativa de insumos farmacológicos ante casos de enfermedad o dolores agudos.
A estas deficiencias se suma el colapso de los sistemas de aire acondicionado, situación que obliga a los detenidos a soportar altas temperaturas en espacios cerrados.
Los integrantes de la comisión enfatizaron que las empresas contratistas y la agencia federal encargada de la custodia deben garantizar condiciones dignas. Asimismo, calificaron el escenario actual como un incumplimiento severo de los protocolos de resguardo e inspección de instalaciones financiadas con recursos públicos.
Reclamaciones previas y acciones de fiscalización
El centro de internamiento Delaney Hall reabrió sus puertas durante el presente año y cuenta con capacidad para albergar a casi 1.200 ciudadanos extranjeros, lo que lo convierte en el punto de reclusión migratoria más grande de la costa este de los Estados Unidos. Entre mayo y junio pasados, la población penal mantuvo una huelga de hambre para exigir suministro de agua potable, alimentos adecuados y la suspensión de tratos disciplinarios severos.
Frente a la persistencia de las irregularidades, los representantes del Congreso anunciaron que elevarán consultas formales al Departamento de Seguridad Nacional y mantendrán la supervisión sobre la operadora del recinto, con el objetivo de esclarecer los casos de fallecimientos registrados y la inacción institucional ante las denuncias presentadas.
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