El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos está planeando una inversión multimillonaria para acelerar el proceso de deportaciones mediante la contratación de empresas privadas.
Esta decisión ha levantado preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y algunos congresistas.
ICE estaría planeando invertir hasta $180 millones
Recientes informes, como los que han salido en Yahoo Noticias y Diario AS, indican que ICE tiene planes de invertir hasta 180 millones de dólares en un programa que empleará "skip tracers" o rastreadores privados.
Estos contratistas recibirían grandes volúmenes de información, posiblemente hasta 10.000 inmigrantes a la vez, con el objetivo de verificar direcciones y confirmar la ubicación de sus objetivos.
Según documentos filtrados, la meta es rastrear a miles de inmigrantes en todo Estados Unidos y acelerar significativamente los procesos de remoción.
Este enfoque no solo se centra en la localización física, sino que también se extiende a las redes sociales y al ciberespacio, donde la agencia busca establecer operaciones de vigilancia cibernética permanente con la ayuda de contratistas privados, según reportó El País.
¿Qué argumentan los críticos de esta medida implementada por el ICE?
Organizaciones de derechos civiles y figuras políticas han levantado la voz enérgicamente contra esta estrategia.
Un ejemplo es el congresista Raja Krishnamoorthi, quien envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtiendo que este enfoque "no solo fomenta el abuso, sino que lo asegura", indica Noticias Telemundo.
Los críticos sostienen que delegar funciones migratorias a contratistas privados, que carecen del entrenamiento y la responsabilidad de los agentes federales, pone en riesgo los derechos civiles de las personas.
La contratación de terceros, a menudo remunerados por la cantidad de resultados (cazarrecompensas), crea un incentivo directo para la detención, lo que podría resultar en errores y violaciones de derechos fundamentales, según expertos consultados por Univisión.
A pesar de las filtraciones y los informes, el DHS ha intentado negar el uso del término "cazarrecompensas", aunque admite su intención de utilizar contratistas para tareas de localización y verificación.
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