El estado de Texas se prepara para aplicar una de las normativas migratorias más estrictas de su historia reciente el próximo 1 de enero de 2026. La medida obliga a los alguaciles de los 254 condados a colaborar activamente con las autoridades federales en la identificación y detención de extranjeros sin estatus legal.
Esta política busca convertir a las cárceles locales en el primer filtro del sistema de deportación masiva impulsado por la administración federal.
¿Cómo funcionará el sistema de financiamiento estatal?
La legislación asigna recursos millonarios para que los departamentos del sheriff cubran los gastos operativos derivados de estas nuevas funciones federales. Los condados podrán solicitar subvenciones que varían entre los $80.000 y $140.000 dólares anuales, todo depende del volumen de población.
Estos fondos deben utilizarse para el pago de salarios, entrenamiento especializado de oficiales y la compra de equipo técnico necesario para la vigilancia. La estructura de incentivos asegura que incluso las jurisdicciones más pequeñas tengan la capacidad financiera de sumarse al operativo estatal.
¿En qué consiste el programa federal 287(g)?
El mecanismo permite que agentes locales asuman funciones que tradicionalmente corresponden de forma exclusiva a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Bajo este esquema, los policías están facultados para interrogar a sospechosos sobre su nacionalidad y ejecutar órdenes de arresto administrativo. Existen diferentes niveles de cooperación, desde el control dentro de las prisiones hasta operativos de patrullaje en las calles de la comunidad.
El objetivo final es crear una "fuerza multiplicadora" que permita al gobierno federal extender su alcance sin necesidad de contratar a miles de nuevos agentes.
¿Qué impacto tendrá la nueva ley contra los indocumentados en Texas?
Esta norma exige que cada sheriff que opere una cárcel firme un acuerdo formal de cooperación con el ICE antes de diciembre de 2026 o enfrente demandas legales.
Hasta la fecha, el ICE registra más de 1.250 acuerdos similares en todo el país, pero Texas se convierte en el primer estado en hacer esta unión obligatoria por ley. "El alguacil de cada condado deberá solicitar y firmar un acuerdo para autorizar la aplicación de la ley federal", establece el texto oficial de la normativa.
¿Cuál es la postura de los defensores de derechos humanos?
Diversas organizaciones alertan sobre el riesgo inminente de discriminación racial y detenciones arbitrarias basadas en la apariencia física de las personas. Los activistas aseguran que la medida afectará la confianza de la comunidad en la policía y provocará que muchas víctimas de delitos eviten llamar al 911.
Incluso algunos ciudadanos estadounidenses podrían terminar bajo custodia por errores administrativos durante el proceso de verificación de identidad. Esta controversia promete una batalla legal intensa en las cortes federales durante los primeros meses de implementación de la ley en 2026.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube