Lo que comenzó como una supuesta protesta política terminó en una condena federal que marca un precedente sobre el acoso digital y la seguridad de los funcionarios públicos en Estados Unidos.
Este lunes conocieron los detalles de la sentencia contra una residente de California que, tras perseguir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y revelar su ubicación en vivo por Instagram, ahora enfrenta hasta cinco años de prisión.
El veredicto, emitido tras un juicio de cuatro días en Los Ángeles, concluyó que el derecho a la protesta no ampara la intimidación directa ni la exposición de la vida privada de los empleados federales y sus familias.
Crónica de una persecución en directo
Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2025. Según los documentos del Departamento de Justicia (DOJ), Cynthia Raygoza (38 años) y Ashleigh Brown (38 años) interceptaron a un agente del ICE a la salida de un edificio federal en el centro de Los Ángeles.
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Emboscada: Vestidas de negro y con máscaras oscuras, las mujeres siguieron al oficial en su vehículo mientras él se dirigía a su casa para una salida familiar con sus hijos de tres y siete años.
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Transmisión viral: Utilizaron cuentas como @ice_out_of_la para retransmitir la persecución en tiempo real, instando a sus seguidores a compartir el video y proporcionando indicaciones exactas de la ruta.
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Acoso vecinal: Al llegar al barrio de la víctima, las acusadas gritaron frases como "la migra vive aquí" y "tu vecino es del ICE". Según la denuncia, Raygoza llegó a amenazar con disparar al oficial, mientras Brown publicaba la dirección exacta en redes sociales con un mensaje directo: “Vengan”.
El impacto: desplazamiento forzado y pérdida de beneficios
La acción de las agitadoras no solo atrajo a personas enmascaradas frente al domicilio del agente esa misma tarde, sino que desencadenó un calvario para su familia. La esposa del oficial denunció insultos racistas y una angustia constante para sus hijos pequeños.
Las consecuencias de este acto de "doxing" (revelación de datos privados) fueron profundas:
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Mudanza obligatoria: El flujo constante de curiosos y amenazas obligó a la familia a abandonar su hogar y mudarse a otro condado semanas después.
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Crisis educativa: El traslado ocurrió justo al inicio del ciclo escolar, afectando la estabilidad de los menores.
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Salud comprometida: El hijo de tres años, quien tiene una discapacidad, perdió el acceso a beneficios sociales y tratamientos de salud específicos que recibía en su condado de origen, debido al cambio repentino de jurisdicción.
La sentencia: un límite a la "violencia política"
El jurado declaró a Raygoza y Brown culpables de un delito grave de acoso. Aunque fueron absueltas del cargo de conspiración para divulgar información personal, el juez Stephen V. Wilson programó la audiencia de sentencia para el 8 de junio de 2026.
“Nuestra Constitución protege la protesta pacífica, no la violencia política ni la intimidación ilegal”, declaró el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli, tras el veredicto.
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