En su primera semana de Gobierno, el presidente Donald Trump, ha firmado diferentes órdenes ejecutivas, que buscan cumplir con su promesa de campaña que se basó en la ejecución de deportaciones masivas.
En este sentido, le otorgó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más capacidad para realizar operaciones en zonas sensibles: escuelas, hospitales e iglesias; así como ampliar el grupo de inmigrantes indocumentados sujetos deportación y fomentar la eliminación de la ciudadanía por nacimiento.
Por otro lado, la CBP ha eliminado la posibilidad de reservar citas a través de su aplicación móvil, CBP One.
Esta aplicación, que permitía a los migrantes compartir información relevante y programar entrevistas con agentes de inmigración antes de llegar a la frontera, ha dejado de ofrecer este servicio.
Como resultado, todas las citas programadas anteriormente han sido canceladas, reseña Telemundo.
Medidas que implementa Texas para ajustarse a planes de Trump
Texas se ha posicionado como el primer estado en apoyar las políticas migratorias de Trump, asignando más de 3.000 millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración, lo cual incluye el envío de tropas de la policía estatal y la Guardia Nacional a la frontera sur.
Con esta metodología, ha procesado a miles de inmigrantes por delitos menores, como el cruce ilegal de la frontera para luego entregarlos a las autoridades federales y los deporten.
Un estudio reciente del Centro de Investigación Pew cifra en 1.6 millones la población inmigrante sin autorización en el estado de Texas.
Florida, también se une a las políticas migratorias de Trump
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha implementado varias medidas para impulsar las políticas migratorias propuestas por Trump, tal como la deportación masiva.
Para el día 27 de enero, DeSantis convocó una sesión legislativa especial para abordar estos temas y alinear la ley de Florida con la agente de Trump, en cuanto a temas migratorios, señala Telemundo.
Entre las propuestas del gobernador, se encuentra imponer la máxima participación en el programa de deportación, así como establecer que la entrada ilegal al país sea un delito estatal.
Como parte de sus medidas, el gobernador plantea implementar un sistema de identificación electrónica obligatoria para todas las remesas, con la esperanza de disuadir a los inmigrantes de enviar dinero a sus familias en el extranjero.
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