El convenio de colaboración migratoria 287(g) entre la Policía de Dora y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) permanecerá activo, luego de que la Fiscalía General de Florida advirtiera que rescindirlo sin una justificación suficiente podría infringir la ley estatal que prohíbe las denominadas "ciudades santuario".
La postura oficial de Tallahassee responde directamente a una consulta formal de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, quien solicitó claridad jurídica sobre el margen de maniobra de los municipios para desvincularse de estos programas federales.
El criterio legal desde Tallahassee
La respuesta emitida por el fiscal general adjunto establece dos escenarios claros para las autoridades municipales en Florida:
- Acuerdos nuevos: abstenerse de firmar un convenio 287(g) no constituye por sí solo una infracción automática, aunque el estado podría utilizar esa negativa como evidencia de una política santuario prohibida.
- Acuerdos vigentes: cancelar un pacto ya firmado sin contar con un respaldo legal sólido violaría probablemente la legislación estatal antisantuario (enmarcada en el Capítulo 908 de los Estatutos de Florida).
Esta directriz frena, de momento, las gestiones en el seno del Concejo Municipal de Doral, organismo que había postergado la votación sobre el tema precisamente a la espera del dictamen estatal.
El impacto en la comunidad y el reclamo vecinal
La continuidad del acuerdo genera inquietud entre habitantes y organizaciones civiles de esta ciudad del condado de Miami-Dade, caracterizada por una amplia población de origen venezolano y latinoamericano.
Durante la sesión del Concejo celebrada esta semana, decenas de residentes y activistas exigieron poner fin a la alianza con la agencia federal.
Desde la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), su representante Yareliz Méndez-Zamora argumentó que el impacto social y demográfico en la localidad constituye motivo suficiente para revisar la medida. "Esta es una comunidad que ha visto cómo le han arrebatado el estatus migratorio. Por ejemplo, por el final del TPS de Venezuela, miles de personas de Doral quedaron vulnerables", señaló.
Méndez-Zamora advirtió que la vigencia del convenio deteriora la confianza ciudadana hacia las fuerzas del orden locales, un vínculo que consideró indispensable para preservar la seguridad pública en el municipio.
Qué sigue en la agenda municipal y qué deben saber los residentes
Tras recibir el pronunciamiento de la Fiscalía, la alcaldesa Fraga indicó mediante un comunicado que su equipo evalúa las implicaciones jurídicas del documento y reiteró su compromiso de impulsar medidas efectivas para los vecinos.
De cara a la operatividad diaria en la ciudad, las autoridades locales mantienen las siguientes precisiones:
- Sin redadas locales: Fraga aseguró que la Policía de Doral no ha participado en operativos migratorios ni cuenta con agentes capacitados bajo el programa 287(g).
- Gestiones estatales: la alcaldesa anunció que viajará a Tallahassee en las próximas semanas para abordar este tema directamente con legisladores y funcionarios del estado.
- Próxima discusión: se prevé que el debate regrese a la agenda del Concejo Municipal de Doral durante el mes de diciembre.
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