El Gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una agresiva estrategia para agilizar la expulsión de menores no acompañados que se encuentran bajo custodia federal.
Según informes recientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y denuncias de organizaciones de derechos civiles, la administración busca reducir drásticamente los tiempos de permanencia de los niños en los albergues estatales, enviándolos de regreso a sus países de origen en tiempo récord.
¿Cuándo y cómo se ejecutará el plan de deportación de niños bajo custodia de EEUU?
La aceleración de estos procesos ya ha comenzado. Desde finales de abril de 2026, defensores legales han reportado que las audiencias de inmigración, que antes se programaban con meses de antelación, ahora se adelantan a solo semanas o días.
El objetivo declarado por Andrew Nixon, portavoz del HHS, es resolver los casos "de la manera más rápida y eficiente posible".
El procedimiento incluye:
- Audiencias exprés: Menores de hasta cuatro años están siendo obligados a comparecer ante tribunales con una frecuencia sin precedentes.
- Presión para el "retorno voluntario": Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están ofreciendo a los menores la opción de "autodeportarse" voluntariamente antes de enfrentar un juicio formal.
- Recortes en defensa legal: El fin del financiamiento federal para la representación legal de menores ha dejado a miles de niños navegando solos por el complejo sistema judicial estadounidense.
Países de destino y alcance regional
Aunque el flujo migratorio es diverso, el plan se centra principalmente en menores provenientes del "Triángulo Norte" de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.
No obstante, reportes recientes de mayo de 2026 indican acuerdos logísticos con países como Costa Rica para servir como puntos de recepción de deportados, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para aumentar la capacidad de expulsión hacia toda la región.
Obstáculos legales: ¿Qué falta para una implementación total?
A pesar de la urgencia del Ejecutivo, el plan enfrenta barreras críticas: recientemente, un tribunal federal de Los Ángeles rechazó el intento del gobierno de eliminar el mandato judicial de 40 años que protege el debido proceso de los niños, impidiendo que se les coaccione para firmar renuncias a sus derechos.
Aunado a ello, falta consolidar acuerdos definitivos con todos los gobiernos receptores para garantizar vuelos de repatriación constantes.
En este sentido, con más de 2,000 niños bajo custodia y tiempos de espera promedio de siete meses, el sistema de albergues está al límite de su capacidad operativa.
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