El gobierno municipal de Chicago avanza en el debate de una legislación destinada a transformar las relaciones entre propietarios y arrendatarios en la ciudad. Impulsada por el alcalde Brandon Johnson en conjunto con organizaciones de defensa de la vivienda, la propuesta plantea la reforma más profunda a la Ordenanza de Derechos de Inquilinos de Chicago (RLTO, por sus siglas en inglés) en más de cuatro décadas.
Aspectos centrales del proyecto
La propuesta legislativa busca frenar prácticas arbitrarias en el mercado inmobiliario local mediante cuatro ejes clave:
- Desalojo por causa justa: Exige a los arrendadores justificar legalmente la no renovación de un contrato o el desalojo de una vivienda, evitando represalias contra quienes reclamen reparaciones.
- Notificación de aumento de renta: Establece plazos de aviso previo obligatorios y más extensos antes de aplicar incrementos en las mensualidades.
- Exigencias de habitabilidad: Incrementa las sanciones financieras a los propietarios que mantengan inmuebles con fallas de calefacción, presencia de plomo o falta de mantenimiento estructural.
- Devolución de depósitos: Impone plazos estrictos y un esquema transparente para la restitución de los depósitos de garantía al finalizar la relación contractual.
Estado del debate y tiempos de implementación
El proyecto de ley se encuentra en fase de revisión en las comisiones del concejo municipal de Chicago. Durante esta etapa, los concejales analizan las enmiendas propuestas por agrupaciones de inquilinos, así como las objeciones presentadas por los gremios de bienes raíces e inversionistas inmobiliarios.
De lograr el respaldo de la mayoría en el pleno del concejo municipal antes de que finalice el periodo legislativo de este año, la normativa podría entrar en vigor de forma progresiva a partir del primer semestre de 2027, otorgando un periodo de adecuación a los administradores de propiedades para ajustar sus procedimientos contractuales.
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