El debate legislativo en torno a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela ha generado una alerta en el sector legal de Florida, ante las posibles repercusiones para quienes tramitan refugio.
Especialistas jurídicos advierten que, si el marco legal es ratificado este jueves en segunda discusión, la figura del perdón político podría ser interpretada por las autoridades de Estados Unidos como una reducción del riesgo de persecución, afectando la validez de los casos vigentes.
Por su parte, fuentes vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han reiterado en foros sobre política exterior la rigurosidad de estos procesos:
"Las decisiones sobre asilo se basan en las condiciones actuales del país de origen. Cualquier cambio en la legislación de un país emisor de migrantes es analizado para determinar si las condiciones de peligro han cesado o se han transformado".
Cuestionamientos al "temor fundado"
El núcleo del problema radica en cómo los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y los jueces de tribunales migratorios evalúan la seguridad del solicitante al regresar a su país.
Hasta octubre de 2025, se contabilizaban más de 300,000 peticiones de venezolanos en espera, la mayoría sustentadas en pruebas de acoso político y violaciones de derechos humanos. Una normativa de amnistía que se perciba como "creíble" por la justicia norteamericana podría llevar a la conclusión de que las amenazas del pasado ya no representan un peligro actual.
La firma Vásquez Law Firm, con sedes en Miami y Orlando, señaló que esta situación obligaría a los peticionarios a presentar nuevas pruebas que demuestren que el riesgo persiste, independientemente de la existencia de una ley de perdón. Organizaciones de derechos humanos han manifestado que el alcance de este proyecto es limitado, lo que añade una capa de complejidad a la defensa legal de los migrantes que buscan el estatus de protección en territorio estadounidense.
Abel Vásquez, socio principal de la firma Vásquez Law Firm, explicó el escenario técnico:
"Si un juez de inmigración percibe que hay una Ley de Amnistía creíble, podría empezar a cuestionar si el temor de persecución de ese venezolano es realmente fundado y persistente en el tiempo".
Perspectiva de los expertos y autoridades
La posibilidad de que esta ley se convierta en un obstáculo para la obtención de asilo es una preocupación real para los equipos de defensa. El análisis se centra en si la ley venezolana garantiza realmente la integridad de los beneficiados o si es solo un instrumento administrativo.
Actualmente existen 300.000 solicitudes de asilo venezolanas pendientes hasta finales de 2025 y el sistema se encuentra saturado por la acumulación de expedientes, lo que ha llevado a las autoridades a considerar medidas extraordinarias. Una normativa de este tipo permitiría regularizar a grupos específicos, pero también implicaría un endurecimiento en la revisión de los casos de asilo que no cumplan con los estándares de persecución política comprobable.
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