Una nueva normativa federal sobre vivienda pública pone en alerta a la ciudad de Nueva York, que se perfila como el epicentro de una crisis habitacional inminente.
La regla impulsada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) pretende prohibir que personas sin estatus legal vivan en inmuebles subsidiados.
De acuerdo con El Comercio, la política obligaría a las autoridades a revisar la documentación de millones de beneficiarios en todo el país, una medida que golpearía directamente a los hogares con familiares inmigrantes.
Familias divididas bajo un mismo techo: el impacto de la medida
El foco del conflicto son los "hogares mixtos", donde hijos nacidos en EEUU comparten casa con padres que aún no tienen papeles o poseen permisos temporales. Se calcula que unas 3.000 familias neoyorquinas, que hoy dependen de la autoridad de vivienda local (NYCHA) o de los vales de la Sección 8, quedarían desamparadas.
Aunque representan un porcentaje pequeño del total de inquilinos, en la práctica significan miles de personas que podrían terminar en la calle.
A nivel nacional, la cifra es todavía más alarmante: cerca de 25.000 hogares estarían en la cuerda floja, y la gran mayoría de los afectados (un 86 %) son de origen hispano. Esta medida fue planteada originalmente en 2019, pero su reactivación encendió nuevamente las alarmas en estados como Texas, California y Nueva York.
El alto costo de los desalojos
Expertos y reportes municipales advierten que, si estas personas pierden su subsidio, el sistema de albergues de emergencia de Nueva York colapsaría bajo una nueva ola de demanda.
Además, se estima que cerca de 4.900 niños se verían afectados directamente. Esto obligaría a las agencias de protección infantil a intervenir, lo que generaría gastos millonarios adicionales para el gobierno local en servicios sociales y procesos legales de desalojo.
La resistencia: mantener a las familias unidas
Ante la amenaza de que miles de ciudadanos pierdan su derecho a la vivienda por la situación legal de sus parientes, diversas organizaciones civiles han unido fuerzas.
Bajo el lema “Keep Families Together”, estos grupos buscan frenar la propuesta legalmente. Argumentan que la regla es injusta porque castiga a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, forzándolos a elegir entre su hogar o permanecer junto a sus seres queridos.
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