El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York analiza una propuesta legislativa que transformará la experiencia de compra en los cinco condados al imponer restricciones estrictas al uso de las cajas de autopago.
La iniciativa, denominada Proyecto de Ley 0729-2026 y presentada por la concejala Amanda Farías, obligaría a farmacias y supermercados a limitar a un máximo de 15 artículos el volumen permitido en estos terminales.
Además, el reglamento exige que los comercios mantengan a un empleado supervisando de forma exclusiva por cada tres quioscos activos según detalla Telemundo Nueva York
Impacto
Esta medida surge en respuesta a las crecientes tasas de "pérdida desconocida", ya que estadísticas de 2026 indican que el 25% de los usuarios de estos sistemas admiten haber retirado productos sin pagar, lo que ha elevado el costo operativo para los minoristas en toda la metrópoli.
La implementación de esta normativa tendría un impacto directo en la logística de los locales comerciales, que deberán reestructurar su personal y posiblemente enfrentar mayores costos de nómina para cumplir con los ratios de supervisión exigidos.
Para los pequeños y medianos comercios, es importante considerar que el incumplimiento derivará en multas diarias de 100 dólares por cada infracción no corregida, lo que podría reducir sus márgenes de beneficio ya afectados por la inflación y el crimen organizado en el sector minorista.
Voces encontradas
Los defensores del proyecto aseguran que la presencia de más trabajadores disuadirá el robo y protegerá el empleo pero los detractores advierten que la medida generará filas más largas y una pérdida de agilidad en las transacciones rápidas.
Expertos en el sector advierten que este cambio legislativo podría forzar a muchas tiendas a retirar sus estaciones de autoservicio si el costo de supervisión supera el ahorro inicial de automatización.
El debate en el Concejo se intensifica mientras los dueños de negocios locales evalúan si la reducción del robo compensará la inversión obligatoria en mano de obra adicional.
De ser aprobada, la ley entraría en vigor tras un periodo de gracia de un año, otorgando a los establecimientos un plazo para adaptar su infraestructura y protocolos de seguridad a la nueva realidad regulatoria de Nueva York.
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