En Florida, Estados Unidos (EEUU), los inmigrantes indocumentados que hacen vida en el estado se encentran a la expectativa frente a la aprobación de una ley que establece duras consecuencias para la comunidad.
Estamos hablando de la normativa, aprobada en febrero por el Gobernado Ron DeSantis, que criminaliza la entrada, reingreso y permanencia de inmigrantes indocumentados al estado, la SB4-C, como lo reseña el portal de La Nación.
Aunque esta fue bloqueada temporalmente por un fallo judicial, emitido por la jueza federal Kathleen M. Williams, su futuro se definirá en una audiencia este viernes 18 de abril.
Originalmente fue bloqueada debido a que la jueza consideró que viola la cláusula de supremacía federal, amenaza los derechos de los derechos constitucionales de los inmigrantes.
Entonces, este viernes vence el plazo de la orden restrictiva temporal (TRO) y se definirá si la suspensión se mantiene hasta que se resuelva el caso de fondo.
Sin embargo, hay que tener presente que, de ratificarse, Florida podría apelar. De hecho, el mandatario había advertido que de ser necesario llevaría el litigio hasta la Corte Suprema.
Lo que debe saber sobre el alcance de la ley
La normativa introduce dos nuevos delitos estatales:
- La entrada ilegal de un adulto no autorizado al estado (Sección 811.102):
Esta considera delito menor de primer grado que un migrante indocumentado mayor de 18 años ingrese o intente ingresar a Florida después de haber eludido inspección migratoria federal.
*La primera condena conlleva una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión.
*Las reincidencias elevan el delito a felonía de tercer grado, con penas de un año y un día (segunda condena) o dos años (tercera o más).
- El reingreso ilegal de un adulto no autorizado (Sección 811.103):
Este, penaliza con felonía de tercer grado el regreso a Florida después de una deportación, denegación de entrada u orden de expulsión vigente.
*La pena base es de un año y un día de prisión, pero se incrementa a dos años si el acusado tiene antecedentes penales o cinco años si fueron por delitos graves.
En ambos casos, la ley niega la posibilidad de obtener libertad bajo fianza. Se indica que los jueces deben presumir que ningún migrante acusado bajo esta ley comparecerá al juicio, por lo que ordenan su detención preventiva.
Además, excluye alternativas a la prisión. Es decir, prohíbe programas de desvío o citaciones civiles que eviten el arresto.
Y las autoridades deben informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los arrestos.
Por último, condena a muerte a migrantes indocumentados declarados culpables de delitos capitales, en los que se establecen los siguientes:
- Asesinato premeditado.
- Tráfico de drogas a gran escala.
- Secuestro con circunstancias agravantes.
- Delitos que involucran muertes o agresiones sexuales severas.
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