El gobierno de Estados Unidos planea el envío masivo de una multa a personas que ingresaron al país sin documentos o de forma ilegal al país. La medida afecta a cualquier individuo mayor de 14 años, sin importar su estatus actual o tiempo de residencia.
Expertos legales advierten sobre posibles demandas ante el carácter retroactivo de esta sanción económica que busca penalizar la entrada ilegal.
¿Quiénes son los sujetos obligados al pago de la sanción?
La administración enfoca esta medida en todas las personas que entraron a territorio estadounidense de manera indocumentada. El requisito principal establece que el destinatario debe tener más de 14 años de edad al momento del proceso.
No importa el lugar por donde la persona cruzó la frontera ni la ubicación actual donde resida dentro del país. La normativa incluye incluso a quienes ya tienen un caso pendiente de asilo u otro estatus de protección activa.
¿Cuál es el monto de la penalidad económica impuesta?
Las autoridades estiman que el valor de la sanción alcanza los $5.000 dólares por cada individuo que incumplió las leyes de ingreso. Este cobro representa una de las multas más altas aplicadas de forma masiva en la historia migratoria reciente.
El objetivo de esta acción es castigar el delito de entrada irregular con una carga financiera directa para el infractor. Muchos inmigrantes temen que este pago sea un requisito obligatorio para continuar con cualquier trámite legal de residencia futura.
En las próximas semanas miles de inmigrantes recibirán una notificación para pagar una multa de $5,000 dólares. El Departamento de Seguridad Nacional prepara los listados para iniciar con el envío de las boletas de cobro a los domicilios registrados.
Esta decisión genera una fuerte controversia en el sector legal debido a que castiga hechos que ocurrieron hace años. Abogados especialistas sugieren que existirá una acción legal o demanda para frenar estas penalidades por ser retroactivas.
¿Qué sucede con quienes ya tienen un caso de asilo?
El gobierno aclara que tener un proceso judicial abierto no exime al inmigrante de recibir la notificación de cobro. La sanción se aplica por el acto físico de la entrada indocumentada y no por la situación jurídica actual del extranjero.
Incluso aquellos que llevan mucho tiempo en el país podrían enfrentar esta deuda con el fisco federal de manera inesperada. Las organizaciones civiles recomiendan a la comunidad buscar asesoría legal apenas llegue el documento oficial de notificación a sus manos.
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