Una empleada de un concesionario enfrenta cargos por participar en un esquema de fraude, con el apoyo de su esposo e hijo, con el cual se habría apoderado de más de un millón de dólares.
El hecho se registró en la ciudad de Miami (Florida, EEUU). De acuerdo con los antecedentes policiales del caso, la acusada, identificada como Yuddy Mejías, de 51 años, trabajó durante más de 15 años en el concesionario. Ahí inició como trabajadora de cafetería y ascendió hasta llegar al departamento de facturación, donde cometió el fraude.
El plan de una familia para sustraer un millón de dólares
La mujer habría actuado con el apoyo de su esposo, Miguel González, de 54 años, y su hijo, Ángel González, de 28 años. La familia resultó detenida y está acusadas de numerosos cargos que incluyen hurto mayor, fraude organizado y conspiración para defraudar.
Según la publicación de Univisión, el informe policial detalló que Mejías ocupó varias posiciones en Brickell Motors, antes de convertirse en la responsable de la oficina de facturación.
“Ella estaba encargada de que cuando una persona compraba un vehículo y había algo que se le tenía que devolver en dinero, ella era la persona que le daba el cheque a esa persona”, explicó Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.
Emitían cheques de falsas devoluciones
La directora financiera de la empresa, reveló que se encontraron 486 cheques que fueron emitidos por Yuddy Mejías a nombre de su esposo y su hijo.
“Ella hacía una nota como que me estaba devolviendo mil, dos mil, tres mil dólares a clientes, pero el cheque iba para su esposo o su hijo. Ellos cambiaban el cheque y se quedaban con el dinero. Estamos hablando de más de un millón de dólares”, agregó el portavoz de la policía de Miami.
Los tres acusados comparecieron ante la corte criminal de Miami-Dade, donde las autoridades fijaron una fianza de 85 mil dólares a Mejías, de 50 mil dólares a su hijo Ángel González, y de 60 mil dólares a su esposo Miguel González.
La jueza encargada del caso advirtió que tiene que haber una audiencia para determinar si los fondos que van a cubrir estas fianzas vienen de una fuente legítima.
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