El condado de Los Ángeles dio un paso histórico hacia la confrontación directa con las políticas de deportación masiva.
La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad una iniciativa para establecer "Zonas Libres de ICE" en todas las propiedades municipales, prohibiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utilice parques, clínicas y edificios públicos como centros de operaciones.
La moción, liderada por las supervisoras Lindsey P. Horvath e Hilda L. Solís, surge como respuesta a una atmósfera de "miedo y peligro" tras recientes redadas federales y tragedias que han costado vidas en la comunidad migrante.
Blindaje de espacios públicos: ¿Qué significa esta ley?
La medida busca garantizar que los recursos y terrenos del condado se utilicen exclusivamente para el servicio comunitario y no como plataformas para la aplicación de leyes migratorias civiles.
De entrar en vigor la ordenanza final (cuyo borrador debe presentarse en 30 días), se implementarán los siguientes cambios:
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Señalización obligatoria: Todas las propiedades del condado deberán indicar claramente que son zonas protegidas.
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Permisos especiales: Se establecerá un proceso de autorización estricto para cualquier operativo de aplicación de la ley civil en suelo local.
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Excepción penal: La medida no impedirá el cumplimiento de órdenes judiciales válidas ni la persecución de delitos penales.
"El condado de Los Ángeles no permitirá que el ICE utilice nuestra propiedad pública para causar daño y disuadir a las personas de recibir servicios", sentenció la supervisora Horvath.
El detonante: miedo en los parques y hospitales
La urgencia de la medida se intensificó tras una redada federal en el Deane Dana Friendship Park en San Pedro, que aterrorizó a los residentes locales.
Según Solís, las familias angelinas están lidiando con un "trauma" constante debido a las tácticas de la administración Trump.
"Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de ir a un parque, algo anda muy mal", añadió Horvath.
Choque de poderes: el DHS amenaza con arrestos
La respuesta del Gobierno Federal no se hizo esperar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la ordenanza de "ilegalmente analfabeta", recordando que la Cláusula de Supremacía otorga al gobierno federal el control total sobre la inmigración.
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Advertencia de arrestos: Bill Essayli, primer fiscal adjunto de EE. UU. para el Distrito Central de California, advirtió que cualquier empleado del condado que intente obstaculizar a los agentes federales será arrestado y acusado.
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Uso de la fuerza legal: "Utilizaremos cualquier espacio público que sea necesario para hacer cumplir la ley federal", afirmó Essayli en redes sociales, señalando que ya se han presentado cargos contra más de 100 personas por conductas similares.
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