El magistrado James Boasberg, en una resolución histórica, ha establecido que el gobierno estadounidense debe facilitar a los detenidos en la prisión CECOT en El Salvador la posibilidad de presentar recursos legales para impugnar su expulsión.
La sentencia no especifica las medidas concretas que debe adoptar el gobierno, pero subraya la importancia del acceso a la justicia y al debido proceso para estas personas, reseñó Telemundo Noticias.
"El gobierno debe facilitar a la clase la posibilidad de solicitar el amparo para impugnar su expulsión en virtud de la ley. El alcance exacto de dicha facilitación se determinará en procedimientos futuros", señaló Boasberg.
Reconociendo las delicadas cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que puedan estar involucradas, el juez enfatizó que “también tiene la obligación constitucional de proporcionar un recurso que repare el daño causado”.
Aplicación del fallo y contexto legal
La orden judicial afecta específicamente a “las personas no ciudadanas (…) que fueron retiradas de la custodia de Estados Unidos y trasladadas al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador los días 15 y 16 de marzo de 2025”, bajo la proclamación presidencial relacionada con la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA).
La decisión surge tras una serie de litigios relacionados con la expulsión forzada y derechos humanos, incluyendo una resolución previa del 7 de abril donde la Corte Suprema anuló una orden del mismo juez que bloqueaba dichas expulsiones.
“La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, señalaron los jueces.
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